La jueza Karina Breckle resolvió la prisión preventiva por un mes para Nicolás Díaz por amenazar a su abuelo y a su hermano en un incidente el miércoles en Rawson, para el cual fue necesaria la presencia de policías especializados en “negociaciones” al ponerse en marcha un protocolo para estos casos.
El joven se atrincheró en su habitación en la planta superior del barrio COVIRA 1, sobre calle Güemes. Durante dos horas amenazó a la distancia a los policías, hasta que se entregó. Fue necesario cercar el lugar dos cuadras a la redonda, pedirles a los vecinos que no salgan de sus casas y cerrar un lavadero de las cercanías.
En la audiencia de control de detención y apertura de investigación este viernes en la Oficina Judicial de Rawson, el defensor fue Pablo Sánchez. Días atrás, el abuelo del imputado había pedido ante el Juzgado de Familia la exclusión del hogar de sus nietos Nicolás y Santiago por las reiteradas situaciones de violencia entre ambos. La jueza intimó a los dos jóvenes y les dio un plazo de 15 días para que se vayan del domicilio.
Durante un almuerzo se produjo un nuevo incidente entre los dos hermanos, agresiones con un palo y amenazas al abuelo, dueño de la casa. El hombre llamó a la Policía y al arribar dos patrulleros, desde su habitación Nicolás Díaz amenazó a los efectivos y a sus familiares con un arma tumbera y un cuchillo. En su habitación, la Policía Científica secuestró el arma “tumbera”, un cuchillo de 27 centímetros de hoja, un cortaplumas y un rifle de aire comprimido.
En un mes más, la fiscal Laura Castagno deberá completar la reunión de las pruebas para seguir investigando el caso. Le imputan amenaza agravada por el uso de armas y tenencia ilegal de arma de fuego.
El defensor Sánchez pidió el arresto domiciliario en la casa del padre del imputado, en el barrio 2 de Abril. La jueza rechazó esta alternativa que bien pudo haber cumplido el imputado, cuando el 1º de este mes, la jueza de Familia lo intimó a abandonar la casa de su abuelo.
Según el parte de prensa de Fiscalía, el imputado estuvo relacionado con los incidentes durante las manifestaciones en contra de la megaminería, el 21 de diciembre, con destrozos e incendios importantes en edificios judiciales y del Poder Ejecutivo. La causa en la que la jueza María Martini concedió la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para los imputados -entre ellos Nicolás Díaz-, se encuentra impugnada por la Fiscalía de Rawson y al no estar firme, este antecedente no fue considerado agravante.