Esta decisión, incluida en el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, elimina la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar los precios de este producto tan arraigado en la cultura y la economía del país.
Hasta ahora, el INYM tenía la tarea de establecer precios de referencia durante la zafra para garantizar un valor justo para las cooperativas de productores, protegiéndolos frente a las grandes industrias. Sin embargo, con la desregulación, esta función queda anulada, dejando el mercado a la libre oferta y demanda y otorgando más poder a las industrias.
El último valor fijado por el INYM para el kilo de yerba cosechada fue de 370 pesos, pero el producto llega a las góndolas con precios hasta cuatro o cinco veces superiores. Con esta desregulación, las industrias podrían presionar a los productores para obtener materias primas a precios más bajos, lo que afectaría sus márgenes de ganancia y su estabilidad económica.
"El problema lo tiene el pequeño productor", explicó Jonás Peterson, titular del INYM. "El grande cosecha todo el año, pero el pequeño tiene que hacerlo en un corto lapso y lo que pueda obtener tiene que durarle para todo el año. Si hoy hay un mal precio, va a vender mal y cerrar el año en una situación muy complicada."
Aunque el gobierno de Milei argumentó que la desregulación beneficiará a los consumidores al generar una competencia de precios, Peterson señala que históricamente los valores en las góndolas no favorecen al consumidor cuando las condiciones son favorables para la industria.
Este cambio en la regulación también fue respaldado por la provincia de Corrientes, lo que genera preocupación entre los productores, quienes temen revivir la situación de los años '90 cuando se eliminaron organismos reguladores similares, lo que llevó a protestas y conflictos en el sector.
O.P