Ayer comenzó la audiencia por los hechos ocurridos en Rawson en diciembre de 2021 cuando después de todo un día de manifestaciones pacíficas contra la aprobación de la mega minería, grupos individualizados quemaron varios edificios públicos en Rawson.
En el marco del inicio del debate, con la mayoría de los imputados en sala, y con el pedido de rebeldía y compulsa de 3 ausentes, la Fiscal Jefe de Rawson, Florencia Gómez, insistió en que los imputados sean sometidos a juicio oral y público. A la vez, la Fiscal, se opuso a que se les aplique la “suspensión de juicio a prueba”, tal como lo propuso el defensor Pablo Sánchez.
Gómez se opuso atento a la gravedad de los hechos imputados, la afectación de los bienes públicos, “el interés público prevalente” y el temor generado en la población, además de fallos resientes del Superior Tribunal de Justicia que dispusieron en dos casos similares (Schierloh que produjo incendios en la Legislatura en una protesta docente), sean sometidos a juicio oral y público. También argumentó que el Estado provincial afectado -representado por la Fiscalía de Estado- se opone a la “suspensión de juicio a prueba”. La jueza de garantías María Laura Martini resolverá el próximo día lunes 26 de agosto, conforme el plazo legal correspondiente, si el caso será resuelto en juicio o no.
La defensa de todos los imputados, fue ejercida por los abogados Miguel Moyano y Pablo Sánchez, este último, insistió en el pedido de suspensión de juicio a prueba, con varios ofrecimientos, en el caso de Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza (imputada de daño agravado, quien se hizo presente casi una hora después), reparación mediante la donación de seis bolsones de fideos para entidades de bien público en el plazo de ocho meses, dos años de prisión en suspenso y presentarse en la Oficina Judicial.
En el caso de Brian Osvaldo Díaz (imputado de daño agravado con un pedido de pena de tres años y ocho meses de prisión), produjo daños en el Superior Tribunal de Justicia y en la Fiscalía de Rawson. Ofreció una reparación 250.000 pesos en el plazo de un mes para reparar edificios públicos o para ser donados a una entidad de bien público.
Asimismo, con Gastón Velázquez imputado por daño y hurto agravados. Dañó a pedradas el frente del Superior Tribunal de Justicia y robó un matafuego del interior de la oficina de la Procuración General. La defensa pidió la suspensión de juicio a prueba por dos años. La fiscalía pidió cuatro años de prisión. Ofreció una reparación de 200.000 pesos para la reparación de los edificios o donados a una entidad de bien público.
En la misma línea, el caso de Lucas Alexis Espinoza Andrade, imputado por daño agravado. Arrojó y dañó los vidrios de un vehículo del Área de Finanzas de la Policía del Chubut, aledaño a la Comisaría de Rawson. El defensor pidió, la suspensión de juicio a prueba por seis años. Se trata de un estibador en el Puerto de Rawson y ofreció hacer 200 horas de trabajo comunitario.
Y por último, Nicolás Alejandro Díaz (imputado por hurto agravado, llegó a la audiencia una hora después). Durante los desmanes hurtó un bidón de 20 litros de un dispenser de agua. Hace changas de limpieza de patios y ofreció 100 horas de trabajo comunitario. Tiene antecedentes penales y una pena en carácter de condicional.