La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por unanimidad una ley que habilita a los padres a inscribir con nombre y apellido a hijos fallecidos antes del nacimiento, sin importar la edad gestacional. La medida generó controversia, especialmente desde sectores feministas que advirtieron que la norma podría entrar en contradicción con la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y con derechos sexuales y reproductivos vigentes.
El proyecto, impulsado por el legislador Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino, en la foto)), crea un “Registro de Defunciones Fetales” en el ámbito del Registro Civil, al que podrán acceder madres, padres o incluso abuelos de los no nacidos, cuando fallezcan en el vientre materno, sin importar la causa, el peso o la etapa del embarazo. “Logramos que los niños que no tienen la dicha de nacer con vida sean reconocidos con nombre y apellido. Lo hicimos para que nunca más los nombren como NN”, sostuvo Villegas en redes sociales, al presentar la norma que bautizó como “Ley Benicio”, en homenaje a un bebé que murió en 2023 durante el parto y no pudo ser inscripto por sus padres.
La ley establece que el trámite será facultativo y deberá realizarse dentro de los tres meses posteriores al fallecimiento fetal, y permite que los abuelos realicen el trámite en caso de que los progenitores hayan fallecido, sean menores o estén bajo tutela.
Sin embargo, organizaciones feministas como el Movimiento de Mujeres Paritaristas advirtieron que la norma fue aprobada “sin perspectiva de género” y sin consultar a quienes representan a personas gestantes, como la Mesa de Parto Respetado. Betania Longhi, referente del colectivo, aseguró que la ley podría vulnerar derechos sexuales y reproductivos, además de poner en cuestión el consenso alcanzado en el debate por la legalización del aborto. “La gestación es un asunto de género. No se puede legislar sin consultar a mujeres y personas gestantes. La ley puede vulnerar derechos básicos, como el consentimiento y la autonomía sobre el cuerpo, además de desconocer lo establecido por el Ministerio de Salud”, sostuvo Longhi en diálogo con radio Provincia.
Desde Nación, el Sistema Estadístico de Salud define la defunción fetal como la “muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión completa del cuerpo materno”, independientemente del tiempo de gestación. Esa definición es uno de los fundamentos que esgrimen quienes consideran que el proyecto puede tener implicancias legales o simbólicas en el debate sobre los derechos reproductivos.
Villegas respondió que la ley “no colisiona con la IVE” ni pone en duda los derechos reconocidos a personas gestantes: “Nadie discute el derecho al aborto hasta la semana 14. Esto es otra cosa: es el derecho de los padres a identificar con nombre a un hijo que soñaron tener y que falleció”, aseguró.
Además, el legislador argumentó que el derecho a la identidad no implica atribuir personalidad jurídica al no nacido, sino reconocer una situación emocional y humana: “El objetivo es evitar que los padres sean revictimizados al no poder inscribir al hijo fallecido con el nombre que eligieron. Es un acto de humanidad”.
Organizaciones feministas ya solicitaron al gobernador Gustavo Melella que vete parcialmente la norma, para evitar interpretaciones que puedan ser utilizadas como antecedente contra derechos adquiridos.
Mientras tanto, el debate sigue abierto y expone la tensión entre el reconocimiento simbólico del duelo gestacional y los derechos reproductivos consagrados en la legislación nacional e internacional.
Fuente: Crónicas Fueguinas