El caso ANDIS suma un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Javier Milei. El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, en una investigación por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos e insumos médicos destinados al Programa Incluir Salud.
La resolución señala diferencias de precios por un total de $7.833.872.357,24 en distintas contrataciones públicas. La investigación busca determinar cómo se realizaron las adquisiciones y si existió un esquema organizado para direccionar licitaciones y favorecer a determinados proveedores.
De acuerdo con el expediente, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, durante la actual administración nacional, e involucrarían a funcionarios públicos y operadores privados.
Una investigación por sobreprecios millonarios
El fallo, de más de 500 páginas, describe una presunta organización dedicada a manipular contrataciones de productos médicos de alto costo y baja incidencia. Según la investigación encabezada por el fiscal federal Franco Picardi, el mecanismo habría incluido la selección arbitraria de proveedores, la filtración de información privilegiada, la simulación de competencia y el cobro de retornos económicos.
Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias por $1.849.277.963 en seis rubros: traumatología, cardiología, implantes auditivos, neurocirugía, sillas de ruedas y amputaciones.
Esa cifra se sumó a los $5.984.594.394,24 que ya habían sido detectados en la compra de medicamentos. De esta manera, el monto total bajo investigación superó los $7.800 millones.
Las presuntas irregularidades involucran adquisiciones destinadas a la atención de personas beneficiarias del Programa Incluir Salud, por lo que el expediente también pone el foco en el funcionamiento de los mecanismos de contratación y control de los recursos públicos.
Spagnuolo y otros exfuncionarios, entre los procesados
La resolución judicial dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió las imputaciones contra algunos de los involucrados.
Entre quienes fueron señalados como presuntos jefes de la asociación ilícita figuran Diego Spagnuolo, el exfuncionario Daniel Garbellini y el lobista Miguel Ángel Calvete.
También se ampliaron los cargos contra Andrés Arnaudo y Federico Santich. La causa incluye, además, a otros exintegrantes de la estructura administrativa y a empresarios vinculados con firmas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.
Entre los investigados aparecen nombres relacionados con presuntas maniobras de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, participación en la asociación ilícita y lavado de activos, según el grado de intervención atribuido a cada uno.
En paralelo, el magistrado dictó la falta de mérito para otros 11 indagados por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles. Esa decisión implica que, por el momento, no se reunieron elementos suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos en relación con esos hechos.
Una causa que alcanza a la gestión nacional
El período bajo investigación comprende los primeros meses y buena parte de los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei. Spagnuolo encabezó la Agencia Nacional de Discapacidad durante parte de esa etapa y quedó en el centro de la investigación judicial por las presuntas irregularidades en las contrataciones.
La ampliación del procesamiento representa un avance en el expediente, aunque no equivale a una condena. La responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse a partir del desarrollo del proceso judicial y de las pruebas incorporadas a la causa.
Mientras tanto, la investigación continúa enfocada en reconstruir el funcionamiento de las contrataciones, establecer quiénes habrían intervenido en las maniobras y determinar el alcance de las presuntas pérdidas vinculadas con los sobreprecios denunciados.