Miguel Edgardo Battista, de 71 años según la información difundida sobre la causa, tuvo exposición pública durante la pandemia de COVID-19, cuando habló de un suplemento nutricional elaborado a base de alfalfa. También desarrolló actividades comerciales en distintos rubros y se presentó en sus perfiles profesionales como especialista en bioquímica, medicina e investigación.
Su nombre quedó ahora en el centro de una investigación judicial en Esquel por el presunto encierro de su pareja y sus tres hijos. La Fiscalía le atribuye provisoriamente los delitos de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.
Su exposición pública durante la pandemia
En septiembre de 2020, Battista participó de una entrevista televisiva en la que se presentó como bioquímico y médico, y afirmó atender a pacientes “añosos y terminales”.
En aquella aparición habló de un suplemento nutricional elaborado principalmente a base de alfalfa y otros extractos vegetales, al que describió como un “revitalizador natural del sistema inmune”. Según sus propias declaraciones, el producto había sido utilizado por más de 400 personas, entre ellas personas con COVID-19, pacientes en recuperación y quienes presentaban secuelas. También aseguró que lo había distribuido entre integrantes de la organización Misión-Ar, donde dijo desempeñarse como director de Salud.
Battista atribuyó al preparado resultados favorables y sostuvo que no necesitaba autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) porque se trataba de un suplemento dietario. Sin embargo, en la información pública disponible sobre aquella presentación no se describieron ensayos clínicos que permitieran comprobar las afirmaciones sobre su eficacia.
En sus perfiles profesionales, Battista se definió como licenciado en Industrias Bioquímicas Farmacéuticas, bioquímico y médico, con formación en la Universidad de Buenos Aires. También mencionó vínculos con instituciones médicas, actividad de investigación, docencia y telemedicina.
Una consulta al registro nacional de profesionales médicos no habría arrojado una matrícula vigente a su nombre. Ese resultado, por sí solo, no permite establecer todas las circunstancias de su formación o trayectoria profesional.
Su abogado, Daniel Sandoval, lo describió como científico, investigador, bioquímico, farmacéutico y médico. También afirmó que había participado en trabajos relacionados con protocolos contra el COVID-19, mantenido vínculos con organismos de investigación y publicado estudios. Esas referencias corresponden a declaraciones de la defensa y requieren verificación independiente.
Las sociedades comerciales y su situación financiera
Otro aspecto de sus antecedentes es su participación en sociedades comerciales. Battista figura vinculado a ocho empresas constituidas entre 2005 y 2020.
La primera, Laboratorios JSM S.A., fue creada en 2005 y estaba orientada a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, medicinales y químicos. Allí ocupó la presidencia. En 2014 participó en la creación de NVN Navian S.A., relacionada con actividades de laboratorio y servicios médicos.
Entre febrero y marzo de 2020 se constituyeron otras seis sociedades por acciones simplificadas: Fitocultura, Reanimate, Shaidgardl, Phytoplasma, BPYVV y Denise Crystal. Cada una declaró un capital inicial de 33.750 pesos. Battista figuró como administrador titular en cuatro y como suplente en las otras dos.
Los objetos sociales contemplaban actividades diversas, desde investigación y servicios de salud hasta comercio, turismo, construcción, negocios inmobiliarios y finanzas. Cinco de esas sociedades declararon el mismo domicilio en la avenida Nazca, en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, un informe comercial basado en datos del Banco Central consignó deudas bancarias por 26,4 millones de pesos en agosto de 2026, clasificadas como “irrecuperables”. Según ese mismo reporte, el endeudamiento había superado los 56 millones de pesos a mediados de 2025.
La causa por presunto cautiverio en Esquel
La investigación comenzó el 10 de octubre, después de que vecinos manifestaran su preocupación por la situación de la familia. Entre los aspectos que motivaron las alertas se mencionaron las ventanas cubiertas, la falta de contacto habitual con los integrantes del hogar, la ausencia de los jóvenes de espacios educativos y movimientos durante la noche.
A partir de esas advertencias, la Policía Comunitaria intentó establecer contacto con quienes vivían en la casa. También intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario, cuyos profesionales elaboraron un informe de riesgo después de que Battista no permitiera el ingreso al domicilio ni las entrevistas con los demás integrantes de la familia.
Ese informe contribuyó a que la Fiscalía obtuviera una orden de allanamiento. Durante el procedimiento, las autoridades escucharon manifestaciones provenientes del interior de la vivienda que motivaron el ingreso. La Fiscalía aclaró que no se trató específicamente de un grito de auxilio, según la información brindada sobre el operativo.
Tras la intervención, se activaron protocolos de asistencia médica y psicológica para la mujer y sus hijos. La investigación busca establecer las condiciones en las que vivían, el alcance del presunto encierro y las posibles consecuencias sobre su salud, su libertad de circulación y sus derechos.
En el plano judicial, la Fiscalía solicitó 60 días de prisión preventiva para Battista. Sin embargo, el juez dispuso inicialmente una detención preventiva por 10 días, plazo que luego fue confirmado por el tribunal revisor.
Qué sostiene la defensa
El abogado defensor, Daniel Sandoval, sostuvo que el aislamiento familiar estuvo relacionado con experiencias previas de intimidación y amenazas. Según afirmó, Battista habría recibido cartas para que abandonara sus investigaciones y municiones en la puerta de su domicilio, hechos por los que aseguró haber presentado denuncias.
La defensa rechazó que los integrantes de la familia estuvieran impedidos de salir. Sandoval afirmó que los hijos recibían educación a distancia, que cada integrante tenía su habitación y que la familia recibía alimentos de comercios locales. También señaló que Battista vinculó las manifestaciones escuchadas durante el allanamiento con un problema de salud de su esposa y sostuvo que no se habrían encontrado elementos de coerción física.
El abogado pidió que se respete la presunción de inocencia. Los planteos de la defensa deberán contrastarse con las pruebas reunidas en la causa, que continúa en una etapa inicial y deberá determinar qué ocurrió y si existen responsabilidades penales.