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Ellos proponen, usted decide. Hoy, Maximiliano Masquijo

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Maximiliano Masquijo es licenciado en sociología y es docente hace 19 años. Tiene 45 años y vive en Esquel desde los 11. Milita por el MST y es precandidato a gobernador de la provincia por el MST.

Lo invitamos a Red43 para hablar de sus propuestas para la provincia junto a Ricardo Bustos, en este ciclo de programas en que ellos proponen, usted decide.

Te invitamos a ver la entrevista completa en video.

P: ¿Cuál es tu diagnóstico de la provincia?

R: Nosotros no escapamos a una realidad nacional, pero, en particular, en el caso de la provincia nuestra, creemos que es una provincia que tiene una serie de indicadores socioeconómicos que no se corresponden, muy negativos. Solamente se mide el desempleo en los centros urbanos de Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. Esquel, por ejemplo, que es un centro político-administrativo decisivo en la cordillera, no está medido ni monitoreado por agencias como el INDEC. No obstante eso, la situación es que el desempleo ha pegado un salto, en los últimos 2 años, enorme. En el caso de Trelew está en el 10 %, en los dos dígitos, una situación tremenda. Esos son indicadores, pero que de algún modo dan cuenta de una situación que nosotros creemos que es posible revertir y que es necesario revertir. Nosotros somos una provincia que tiene unas riquezas enormes, una potencialidad de riquezas enormes, y creemos que, muchas veces, la administración de estas palancas de crecimiento y de desarrollo se transforma en palancas de subdesarrollo, de desigualdades regionales enormes. Es una provincia que tiene un nivel de desigualdades tremendo. Nosotros tenemos algunos índices que son realmente dramáticos. La violencia, la causalidad: en la mortalidad de Chubut, en primer orden están las agresiones y homicidios. Si uno mira el nivel de estadísticas de la mortalidad de Chubut, las primeras dos causas son muertes violentas y suicidios. Creemos que esos son indicadores de una sociedad profundamente dividida y desigual, y creemos que hay muchas potencialidades para revertirlo.

P: Hablando de revertirlo, ¿cuáles serían las acciones de gobierno que el chubutense promedio va a esperar de vos el 10 de diciembre para los primeros 3 meses de gobierno en materia de decisiones? Las 3 decisiones más importantes.

R: Desde el MST, abrimos y hemos puesto nuestra legalidad al servicio de una confluencia de distintas expediciones políticas de nuestra provincia. Para un partido pequeño, mantener una legalidad para nosotros es una prioridad muy importante y es un desafío constante. En ese marco, más allá de un gobierno personal, creemos que una fuerza política como la nuestra pondría una primera situación, que se corresponde con lo primero que indiqué, que es prohibir por ley los despidos. Todos los despidos. Incluso hubo una ley que logró un consenso enorme hace un par de años en la legislatura nacional. Creemos que ahí, en el caso de la CGT, cometió una situación de traición enorme, porque lo necesario hubiera sido impulsar un proceso de lucha para que se respete la ley que se había votado en el congreso. Pero bueno, creemos que esa es una ley fundamental para nosotros. Prohibir los despidos de modo de parar esta situación de deterioro sistemático de las condiciones de vida, de las mayorías populares, de los trabajadores asalariados, de un diverso campo social, de la clase que nosotros decimos que vive de su trabajo. Está claro que la propiedad de los recursos naturales es del estado, son propiedad de los chubutenses. Lo que nosotros vamos a plantear inmediatamente es iniciar un proceso de revisión y de auditoría de las concesiones a las explotaciones privadas de estos recursos. Desde el petróleo a la pesca, creemos que esas son palancas fundamentales, que los recursos naturales son recursos estratégicos y, cuando uno observa en el conjunto de los países, sobre todo los países que muchas veces se presentan como modelos, tienen un control absoluto de sus recursos estratégicos. Creemos que son las palancas para plantear un desarrollo y un aprovechamiento de esas rentas que le corresponden al estado provincial, que sean volcadas para una reinversión social. Hoy por hoy están en manos de corporaciones que pagan regalías: en el caso nuestro, son las menores regalías, ni hablar el caso de una eventual instalación de empresas de megaminería, que nosotros rechazamos de plano. Las regalías son absolutamente ínfimas. Es un poco el mundo del revés, se termina subsidiando a estas grandes empresas que no hacen más que llevarse las riquezas. Creemos que hay que iniciar un proceso de reapropiación e iniciar un proceso de transición a una nueva matriz energética y productiva.

P: La provincia está sobreendeudada. No le entra más deuda. En un eventual gobierno tuyo, ¿qué vas a hacer con la deuda?

R: El rubro de asignación de recursos financieros al pago de la deuda pública es absolutamente voluminoso y, si bien no está traducido en una ley, según medios provinciales, plantean un pago de, por lo menos, 11 mil millones de pesos. Lo cual es una barbaridad. Nosotros creemos que en realidad lo que hay que plantear es una medida de corte urgente que es una moratoria de esa deuda, a la par de iniciar un proceso de auditoría. Convocando a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria y también extraparlamentaria, con figuras de la provincia que sean de una trayectoria intachable, ver cómo se contrajo esa deuda y ver qué es lo legítimo, qué es lo ilegítimo, cuál es el destino de eso. Por lo tanto, moratoria y auditoría, ese sería en principio el primer posicionamiento. De algún modo la deuda es un poco el recurso que se utiliza para tratar de resolver la falta de dinero, el desfinanciamiento del estado público. Creemos que hay que llevar a cabo un proceso de cambio tributario. Hay que ir hacia una estructura tributaria de carácter progresivo y no regresivo. Está bien que eso implica distintas esferas, nacionales y provinciales, pero hay que plantear una refinanciación del estado a partir de darle un carácter progresivo y que paguen más impuestos los que más tienen. Creemos que en ese caso el IVA, los impuestos a los productos básicos de la canasta, deben ser eliminados, y el financiamiento del estado que pase a tener un carácter fuertemente progresivo.

P: Hablaste de recursos naturales. ¿Qué áreas tiene la provincia del Chubut para incentivar la inversión privada? ¿A cuáles rubros tu gobierno puede ir a buscar inversores?

R: La inversión pública ha sido el motor del desarrollo socioeconómico de la provincia. YPF es el ícono del desarrollo del petróleo en la provincia desde 1907 en adelante, yacimientos petrolíferos fiscales. Tenemos 100 años de exportación de petróleo crudo y no tenemos una refinería. Son cuestiones que nosotros creemos que hay que poner el ojo ahí. Más adelante, en la década del 60 y del 70, vuelve a ser el estado el que garantiza el plafón del desarrollo de un proceso de reconversión y de desarrollo industrial. La industria del aluminio, la industria energética, ALUAR o la hidroeléctrica Futaleufú son inversiones del estado. Entonces creemos que el estado es la herramienta para llevar a cabo un proceso de reorientación productiva en función del desarrollo social, de la reinversión social de las riquezas y desde una perspectiva que sea sustentable en términos ambientales. En esas cosas hay una cuestión pendiente, en términos del balance ecológico: en 100 años de modelo agroexportador, bajo la estructura del latifundio y de la monoproducción ovina, el resultado es un proceso progresivo y acelerado de desertificación de un 30 % del territorio de la Patagonia. Creemos que eso hay que reinvertirlo. Hay que llevar a cabo un proceso político de recolonización, de reforma agraria, de impulsar las economías locales. Creemos que en el caso del financiamiento, que el estado provincial hoy tenga una mayoría de las acciones del estado se debe a una lucha enorme del conjunto de la clase trabajadora de la provincia, que frenó la privatización y entrega del banco de la provincia. Si bien es una sociedad privada pero la mayoría de las acciones son del estado, creemos que esa es una base para poder también reorientar una asistencia financiera al desarrollo. No veo al sector privado como motor. Seguramente algunas áreas de la economía pueden ser objeto de una explotación económica en manos de empresas privadas, pero nosotros lo que tenemos que plantear ahí, como resguardo de los intereses nacionales, es que haya una situación beneficiosa para la provincia.

P: Tocamos muy tangencialmente una actividad, la minería. ¿Qué visión tienen ustedes de la industria?

R: Nosotros creemos que minería es una cosa y megaminería, en particular, es otra, porque el rubro de minería abarca un sinnúmero de actividades productivas, pero la megaminería es una definición específica que se construyó al calor de la experiencia, particularmente, desde Esquel, que es de resistencia a esta modalidad. Es una explotación a gran escala, en contextos en los cuales el recurso metalífero está en una situación geológica distinta a etapas anteriores de la minería, por eso hay que hacer enormes acciones de carácter absolutamente destructivo, sin ningún tipo de posibilidad de reconversión ambiental. La megaminería es una modalidad de la minería que rechazamos porque consideramos que es esencialmente destructiva y absolutamente mucho más rechazable desde el marco jurídico.

P: El estado está o sobredimensionado, o hay que ir a buscar más recursos. ¿Considerás que hay que hacer un ajuste en el estado provincial? ¿Lo ves sobredimensionado?

R: Cuando uno examina la plantilla del personal en nuestra provincia, son 41000 empleados del estado provincial. ¿Eso es mucho, es poco? Es relativo a los planes y al modelo. El año pasado hubo un gran movimiento de reclamo que finalmente terminó imponiéndole al gobierno el grueso de las reivindicaciones. Hoy por hoy, no hay conflictos significativos en el inicio de la negociación paritaria, que son arbitradas por el estado, producto de la relación de fuerzas que se logró establecer, y es posible. Aun así, hay una configuración del presupuesto provincial, donde hay superávit. Entonces, 40 mil empleados de la planta permanente, en función de la política que va a tener centralidad en un estado en función del desarrollo, creemos que posiblemente sea incluso insuficiente. No creemos que haya que despedir trabajadores. Al contrario, creemos que el estado debe ser el primero que, para tener autoridad como guardián de las leyes, debe cumplir, por ejemplo, el contrato legal. Que no haya trabajo en negro. Ahí hay una cuestión que nosotros creemos que se debe retomar, algo que puede ser elemental, pero es que las coberturas de los cargos, de las vacantes que se produzcan, tienen que ser cubiertas con concursos, y basta de amiguismo y de ingresar gente como parte de pago de campaña.

P: ¿Creés que la política debería ajustarse?

R: Nosotros tenemos una formulación que puede ser un poco audaz, que es que ningún funcionario público debe cobrar salarios que estén sobre el promedio de un trabajador calificado. Nosotros de algún modo tratamos de reflejar esa idea con que ningún funcionario público, sea del más alto rango, debe ganar más que un director o una directora de escuela, para tener un promedio. Porque creemos que los salarios abultados lo que hacen es, de algún modo, distanciar al representante político de sus representados. Muchas veces, funcionarios políticos que acceden a cargos legislativos, incluso, acceden a dietas de salarios y acceso a beneficios que no tienen control, que lo que hacen es, de algún modo, enajenar al funcionario político de las necesidades inmediatas. Entonces, creemos que es una forma de restituirlo al principio de realidad, es un principio de corrupción, de dejar de ser el representante genuino de sus elegidos.

P: Con respecto al pago escalonado de sueldos, fue el año 2018 en que los chubutenses tuvimos más de 100 días con los chicos fuera de las escuelas. ¿Considerás que sería oportuno limitar el derecho a huelga en el servicio público de educación?

R: No, esa opción para nada está contemplada. Nosotros creemos que el derecho a huelga es un derecho conquistado de rango constitucional en nuestro estado nacional. De ninguna manera, es un derecho, es una conquista que se inscribe dentro de los reclamos de intereses, de luchas. Sin duda todo proceso de lucha tiene costos. Actualmente, estamos en un proceso de luchas, de paros, de la UTA, en el caso de transporte de la provincia, con consecuencias enormes, porque yo soy docente de instituciones educativas que trabajan de noche y está afectando la posibilidad de que los estudiantes puedan trasladarse. Es una situación lamentable, durísima, extrema, pero creemos que el derecho a huelga es un derecho que tienen los trabajadores, que lo han conquistado, y que cada conquista social es la expresión de sangre de los trabajadores. Es un derecho que nosotros lo respetamos y sostenemos.

P: La última tiene también que ver con el año pasado, donde funcionarios terminaron presos por corruptos, por ladrones. ¿Considerás que el superior tribunal de justicia debe seguir siendo integrado por seis miembros aunque estén vacantes tres? ¿Qué ajustes pensás que habría que hacer en la justicia para que los organismos de control le den a cada uno lo suyo?

R: Sin duda uno de los poderes de centralidad del estado es el poder judicial, encargado de administrar. Nosotros creemos que hay pendiente una reforma integral, incluso planteamos que la constitución misma del cuerpo judicial, de los funcionarios, debe ser cambiada radicalmente. Nosotros proponemos que los jueces sean elegidos por el voto directo y por el voto universal. Por supuesto, en direcciones diferenciadas de las elecciones de recambio político. Deben ser elegidos por el voto popular, creemos que esa medida va a permitir tener un control social de la justicia. Y creemos que hay que eliminar, de la misma manera, el carácter vitalicio de esos cargos. Creemos que deben ser cargos a término y con una revocabilidad de mandatos que sean mecanismos transparentes, donde se puedan potenciar todos aquellos organismos de control de la justicia. Creemos que es audaz pero una medida fundamental, establecer elementos de control sobre el poder judicial. Hay legislación del juicio por tribunales populares: hay experiencias en la provincia y a nivel nacional. Creemos que es una cuestión que hay que desarrollar y potenciar. Eso sin duda va a ser un designio y un proceso de elaboración. No te contestaría esa pregunta en términos numéricos.

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