Miquelarena: "La Justicia, al menos en lo penal, no se ha parado"

Esta semana, en Chubut, varios temas legales fueron los protagonistas de las noticias provinciales, desde el funcionamiento del Poder Judicial durante la pandemia hasta la investigación realizada a la exministra Torres Otarola. Para conversar sobre estos temas, conversamos con el doctor Jorge Luis Miquelarena, procurador general de la provincia del Chubut y, como tal, encargado de dirigir el Ministerio Público Fiscal, a fin de que nos brindara un análisis detallado de estas cuestiones en agenda.

P: ¿Cómo es el funcionamiento del Poder Judicial y de las diferentes fiscalías, en virtud del conocido contexto de la pandemia y de los atrasos salariales que ya venían desde hace algún tiempo? ¿Cómo se han ido adaptando al trabajo virtual, a diferentes modalidades?

R: En realidad, a la problemática de la pandemia y a la cuarentena obligatoria, a la cual todavía estamos todos sometidos, hay que sumarle los conflictos salariales: como ustedes bien saben, hace varios meses que se vienen arrastrando, en la administración pública en general y en el Poder Judicial en particular. En lo que hace al Poder Judicial, hay un retraso aproximado de dos meses de salario, y esto ha generado que el gremio haya establecido un paro, prestando el servicio únicamente para lo que se considera guardia mínima. Dicho esto, que es una problemática que viene de arrastre desde hace unos cuantos meses a esta fecha (prácticamente les diría en todo lo que va del 2020), la pandemia nos agarró en estas circunstancias y, no obstante eso, el Ministerio Público Fiscal, a través de los funcionarios de Fiscalía, los fiscales, los profesionales y, vuelvo a repetir, con un aporte mínimo por la cuestión de paro del personal administrativo, nunca ha dejado de prestar el servicio, y nos hemos ido adecuando a las distintas modalidades. Se ha trabajado mucho con sistemas virtuales, se ha trabajado muchísimo con videoconferencias, se han realizado debates a través de telellamadas y esto ha hecho que, de algún modo, la justicia, al menos en lo penal, no se haya parado, y que se haya podido dar una respuesta lo más adecuada posible a todas aquellas urgencias que se plantean, en una temática tan delicada como es el derecho penal. Así que, en ese sentido (y nuestras páginas lo han ido reflejando, los medios de prensa también) las distintas audiencias se han llevado a cabo, y no han sido pocas, a pesar de la pandemia, de la cuarentena y del distanciamiento social al cual estamos obligados.

R: Sí, claro: hoy, por ejemplo, en lo que hace al Ministerio Público Fiscal, todas, absolutamente todas las personas están con el teletrabajo implementado y autorizado. El Serconex también se ha ido adecuando a las exigencias de estos tiempos e, inclusive, en nuestra propia página están los distintos formularios y las distintas posibilidades para que las personas puedan hacer consultas online y efectuar denuncias, tratando de evitar, en lo posible, la concurrencia física a los lugares en la medida en que se pueda. Cuando no se puede evitar, se han ido adecuando todos los edificios con las medidas sanitarias adecuadas como para poder empezar. El Superior Tribunal de Justicia ha conformado un comité evaluador y asesor, que revisa todos los edificios y va habilitando aquellos en los que ya se han hecho las adecuaciones necesarias.

P: El tema de la semana ha sido la investigación a la exministra y exdiputada Torres Otárola, que se sigue muy de cerca aquí en la Cordillera, ya que ella es oriunda de nuestra región. ¿Qué avances ha habido en la causa y a partir de los allanamientos de la semana pasada?

R: La causa está en lo que, técnicamente, se conoce como investigación preliminar. La verdad es que tiene un corto plazo de investigación. Ustedes saben que, hace aproximadamente un mes y unos días, hubo una derivación de una causa que se lleva en la comarca, en Esquel, donde hay una denuncia por extorsión que también ha avanzado mucho y tiene mucha evidencia para seguir avanzando.
A partir de esta denuncia por extorsión, se dieron una serie de circunstancias y declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales de la persona que aparecía como víctima: una serie de manifestaciones que tienen que ver con supuestas irregularidades mientras este señor, este profesional, era asesor de la exdiputada Torres Otarola. Una serie de manifestaciones que hicieron necesario que el MPF, en primer lugar, desde la ciudad de Esquel, lo citara a este profesional; que le tomara, concretamente, una declaración; y que, a partir de esa declaración (donde se hace una serie de manifestaciones muy importantes respecto de un cúmulo de hechos que, en principio, revisten una apariencia seria de ilicitud) me enviara el doctor González, fiscal jefe de Esquel, el testimonio a la Procuración.

Luego de analizarlo, en la Procuración se advirtió que, en principio, estaban dadas todas las características como para que esta investigación sea llevada por la oficina especial que a tal efecto se creó hace casi tres años, a partir de las causas Embrujo, Revelación y demás. Es una oficina especializada en la investigación de delitos contra la administración pública, y se ameritaba que esta causa, por la complejidad y el cúmulo de hechos que en principio aparentaba, fuera llevada por el doctor Rodríguez, fiscal jefe de esta unidad especial. Como les decía, es una unidad especial que atiende las causas de corrupción, las causas contra administración pública, pero no todas: solo aquellas en las que, por su impacto, por su perjuicio, por la cantidad de imputados, por las dificultades en la investigación y, en fin, por una serie de cuestiones, amerita que sean investigadas por esta oficina especial. En este caso, creo que lo ameritaba, así que le reenvié las actuaciones al doctor Rodríguez; luego de analizarlas, entendió exactamente lo mismo y ahí comenzó la investigación.

La investigación ha avanzado muchísimo en el transcurso de este mes: se ha logrado autorización judicial para el levantamiento del secreto bancario, se han obtenido números de cuenta, se han obtenido registros de transferencias, se ha individualizado a un montón de personas, se consiguieron todos los legajos originales de estas personas que supuestamente prestaban tareas para la administración pública, se produjeron allanamientos y órdenes de presentación, y los últimos allanamientos estuvieron referidos a la obtención, concretamente, de aparatos de telefonía celular. Esto se obtuvo: ahora están pendientes las pericias y están trabajando, en esta oficina, en la presentación del escrito formal pidiendo la apertura (formal, valga la redundancia) de esta investigación.

R: Sí, efectivamente: la denuncia concreta refería a hechos sucedidos durante el periodo de diputada y también a hechos sucedidos en lo que va del transcurso de este año, como titular del Ministerio de Familia.

P: ¿Cuál es la calificación de los delitos que se están investigando?

R: Es algo que está evaluando el equipo del doctor Rodríguez. Hay distintas alternativas y distintas hipótesis: algunos hechos, en principio, parecerían estar encuadrados dentro de lo que se conoce como “conjunción”, que es aquella persona que ejerciendo una tarea legítima es compelida, de algún modo, por quien paga, para que retorne parte de lo recibido. Hay otros supuestos, en donde se está investigando lo que podría ser un fraude a la administración pública, que es cuando se produce una serie de medidas o de ardides, de engaño, puesta en escena, para engañar a la administración pública y obtener dinero donde directamente no hay absolutamente ninguna contraprestación, por ejemplo, los conocidos “ñoquis”. Y hay alguna otra hipótesis de trabajo, que podría llegar a tener que ver con alguna investigación de enriquecimiento ilícito.

Son distintas alternativas que están manejando los fiscales y que, conforme vaya avanzando la investigación, irán encuadrando en alguno de los tipos penales. Convengamos que el tipo penal puede ir mutando y cambiando: para tratar de ser gráfico, yo puedo iniciar una investigación por lesiones graves, pero si el lesionado, en el transcurso de la investigación, se muere a raíz de esas lesiones, entonces voy a cambiar la calificación por homicidio. Lo que no cambian son los hechos, pero las calificaciones pueden cambiar.

P: ¿La situación de las personas nombradas de manera presuntamente irregular es la misma que para Torres Otarola?

R: Nadie puede decir que “no sabía” que no estaba trabajando y estaba cobrando, que no sabía de dónde venía ese dinero y que, además, lo estaba retornando en una parte y no sabía a quién se lo retornaba. Esto tiene que ver con las distintas responsabilidades y la distinta participación de sujetos involucrados en un mismo hecho: usted puede ser autor, puede ser coautor, puede ser partícipe primario, o sea, necesario, puede ser partícipe secundario, puede ser encubridor. Hay distintas calificaciones, que tienen que ver con las responsabilidades de las personas que están sometidas a proceso. Eso también va surgiendo a lo largo de la investigación.

P: Lo investigado en el marco de esta causa, que se ha denominado “ñoquis calientes”, ¿lo consideran un hecho aislado o lo ven como una práctica que podría repetirse o tener ecos en otras áreas de la administración pública?

R: Cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de pruebas son bastante más sólidas.

Por lo demás, uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos “ñoquis”. Lo cierto es que, para eso, hay determinados organismos que tienen que hacer auditorías, que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está ni facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios “por las dudas” que existan “ñoquis”. Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir.

R: Es una buena pregunta. En el año 2018, a partir de las causas que se conocieron como Embrujo y Revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni, con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber, con preocupación, muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de contralor. No en los organismos de contralor de rango o de jerarquía constitucional, como puede ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción: veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las jefaturas de compra.

¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de estado, allá por el 2004 al 2008, ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y en que, de algún modo, se puede llegar a sospechar que la cosa viene “armada”, como se puede decir en la jerga. Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública: y, si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron, con que los presupuestos están, con que el llamado está, con que la apertura se hizo. Desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero de algún modo se olfatea que la cosa puede venir armada de antemano.

¿Qué advertimos nosotros, ahora, con todas estas cuestiones? Que están fallando, y mucho, los organismos intermedios. Las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación, ya sea de insumos de bienes o de personal que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. Por eso es que, como decía, en el año 2018 le envié un oficio al gobernador con copia al contador general de la provincia, advirtiéndole y recordando de algún modo cuáles son las misiones y funciones de estas personas que tienen que velar por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública. Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de compra y de administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió, también, que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Evidentemente, mucho caso no le hicieron, ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son, la verdad, sorprendentes.

P: En otras causas donde se investigan hechos de corrupción se ha dictado la prisión preventiva, en este caso no. Si bien sabemos que para dictarla debe existir peligro de entorpecer la investigación o de fuga, también está la conocida doctrina Irurzun. ¿Ha habido algún cambio en el MPF para evaluar la determinación de una prisión preventiva?

R: Para nada. En primer lugar, la conocida como doctrina Irurzun, yo no la termino de compartir. Vamos un poquito más atrás: el principio general del derecho, sobre todo el derecho penal, es el de inocencia. Nadie es culpable hasta que una sentencia firme nos demuestre lo contrario. En consecuencia, el principio general es la libertad de las personas durante el proceso, hasta tanto no haya una sentencia que indique lo contrario y que rompa ese principio de inocencia que tienen las personas. Ese es el principio general y que hay que respetar a rajatabla. Cuando se da una medida de coerción de semejante gravedad como implica la privación de la libertad, de forma preventiva, de una persona, es cuando hay peligro de fuga o peligro de entorpecimiento, o sea, cuando existen posibilidades ciertas y concretas, y hay elementos que así lo indiquen, de que se puede fugar y, en ese caso, frustrar el accionar de la Justicia. O cuando está cometiendo actos que entorpecen, precisamente, el accionar de la Justicia (suprimiendo pruebas, destruyéndolas, coaccionando testigos). En fin, hay un montón de formas por las cuales esto puede llegar a suceder. Entonces, como principio general, ahora y antes, siempre se mantuvo la libertad de la persona mientras se sustancia el proceso.

Si hay personas que han sido detenidas con prisión preventiva es porque los fiscales han entendido que hay elementos claros que indican, o que se puede fugar, o que va a entorpecer el accionar de la justicia. En este caso en particular, la verdad es que el fiscal pensó en la situación cuando fue a la oficina y se encontró con la ministra, que estaba en la oficina junto a dos de sus colaboradoras, cuando en realidad habían cesado sus funciones prácticamente una semana antes. También hay que decir que no hay ningún elemento objetivo que, en este caso en particular, indique que la exministra haya intentado entorpecer la investigación, en absoluto. Por otro lado, los legajos o la prueba documental que al fiscal le interesaba ya la había obtenido con mucha anterioridad, cuando se hizo la primera orden de presentación, tanto en el Ministerio como en la Legislatura. En esta oportunidad, lo único que se fue a buscar fueron los aparatos de telefonía celular. Entonces, la situación no varió respecto de su regla de libertad durante el proceso.

R: No, no es así: son dos cosas distintas. Hay una ley nacional que invitó a las provincias a hacerse cargo de lo que se conoce como el narcomenudeo. En aquella oportunidad, quienes asumieron esta competencia fueron provincia de Buenos Aires y Córdoba. Con posterioridad, hubo alguna intención mayor de tentar a otras provincias para que se hicieran cargo del narcomenudeo y así, entonces, se hicieron cargo provincias como Salta, Santa Fe, por mencionar algunas.

La provincia del Chubut nunca adhirió. Al principio, porque se entendió (estoy hablando ya del primer gobierno de Mario Das Neves) que no era conveniente cortar la cadena de información, porque, en realidad, el narcomenudeo es un eslabón de una gran cadena, que termina con el lavado de dinero. Empieza desde el productor, al que la transporta, al que la comercializa, al que lava el dinero obtenido de la comercialización: en fin, hay toda una cadena en la cual uno de los eslabones es, precisamente, el narcomenudeo.

Mi opinión personal, de un tema que me atrevo a decir que algo conozco (porque fui 10 años funcionario de la Justicia Federal, o sea que estuve 10 años tratando temas que tienen que ver con el narcotráfico) es que, con el correr de los años, uno se da cuenta que hay que cambiar la forma de investigar este tipo de delitos, porque es evidente que siempre vamos atrás de los delincuentes. Se han hecho muchos esfuerzos, muchas gestiones, se ha invertido mucho dinero y, sin embargo, para los que les gusta hablar de que esto es una guerra, es una batalla… la venimos perdiendo por paliza desde hace mucho tiempo. Me parece que tenemos que cambiar la lógica de la investigación: siempre se creyó que había que investigar desde el consumidor para tratar de llegar a ver quién le proveía y, a su vez, quién proveía a ese proveedor, quién le proveía al otro proveedor, etcétera. Como para llegar desde el último eslabón hacia arriba. Evidentemente esto fracasó: a las pruebas me remito. Hay que pensar que cada decomiso de droga debe ser un 20% de lo que circula, con suerte. Entonces, cuanto más decomiso se está obteniendo, también es un indicio de que hay más droga circulando.

Creo que hay que cambiar un poco esta lógica porque, como decía un gran genio de la humanidad, la definición de loco es repetir siempre las mismas conductas y esperar que los resultados sean distintos. De algún modo tengo que cambiar la lógica y la mecánica. A mí me parece que sería hora de empezar a pensar si acaso no tenemos que arrancar al revés y analizar los lavados de dinero: empezar a analizar esas inversiones que nadie sabe de dónde cuernos salen, pero que mueven fortunas, y de ahí para abajo, porque atacar a quien, en definitiva, se ve beneficiado de todas estas cuestiones, me parece que sería una manera bastante más lógica de poder combatir este flagelo de las drogas.

Dicho esto, digo que no tiene que ver la agencia provincial que se está creando para atacar o investigar el tema del narcomenudeo o el tema del narcotráfico con lo que sería la federalización o la desfederalización de la investigación. Una cosa son las autoridades policiales que se encargan de hacer una investigación de este tipo de delitos, y otra cosa es el juzgado o la justicia a la cual le van a golpear la puerta. Hoy por hoy, en nuestra provincia, sigue siendo la federal, porque es un delito de competencia federal. Si se quisiera que la justicia de la provincia, concretamente el MPF, se hiciera cargo del narcomenudeo, entonces estaríamos hablando de otro tema distinto: estaríamos hablando de la cantidad de fiscales que hacen falta, la cantidad de recursos que hacen falta y, básicamente, los centros de detención que hacen falta. Y, más básicamente todavía, los centros de recuperación que hacen falta, porque en muchos casos estamos hablando de adictos, estamos hablando de una enfermedad. Entonces hay que hablar de recuperarlos, no de meterlos en una cárcel para que salgan peor de lo que entraron.

P: En relación a esto, se habló, en los últimos días, de un mal funcionamiento en el trato de los reclusos, sobre todo por dos cuestiones: por un lado, que, en muchos casos, por falta de espacio en las cárceles, se terminan cumpliendo las condenas en comisarías; y, por otro, que después no les dan las herramientas para que se puedan reinsertar socialmente cuando cumplen las condenas, lo cual puede llevar a una reincidencia. ¿Usted desde su experiencia lo ha visto así? ¿Hay algo para mejorar?

R: Algo para mejorar no: todo para mejorar, todo, absolutamente todo. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, porque ya tengo casi 35 años de ejercicio de la profesión, cuando estaba en la facultad, se hablaba, con mucho énfasis, del patronato de liberados. Precisamente, el patronato de liberados era el que acompañaba, velaba, la reinserción social de la persona que había sido privada de libertad. Hoy por hoy, y esto sigue de 1853 en adelante, nuestra Constitución Nacional y todas las constituciones provinciales que han copiado esta parte de la nacional, establecen que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y resguardo de los que están alojados ahí, o sea, los condenados, y no para castigo de los mismos. El castigo es la privación de la libertad, y ya es un castigo tremendo.

Se supone que la persona que está privada de la libertad porque está condenada está para ser readaptada, para ser reeducada y para que, cuando vuelva a la sociedad, vuelva para poder insertarse. Este trabajo lo hacían los patronatos de liberados también: no el trabajo dentro de las cárceles, pero sí fuera de las cárceles. Dentro de las cárceles es fundamental, porque una persona, por más condena que se le dé, en algún momento va a salir. Si durante todo el tiempo que estuvo encerrado, en lugar de tratarlo como una persona, lo trataron como un animal; si en lugar de educarlo, prepararlo y capacitarlo se lo castiga cada vez más, lo que va a suceder es que, cuando esa persona salga, va a salir infinitamente peor de lo que entró. Entonces usted se encuentra con un montón de niveles de reincidencia, que son absolutamente indeseables. Si usted quiere saber si funciona o no funciona el servicio penitenciario, entonces tiene que mirar los niveles de reincidencia. De acuerdo con la cantidad que reinciden, se va a dar cuenta de que evidentemente algo fracasó. Y nosotros tenemos niveles de reincidencia muy importantes, que también tienen que ver con la educación, con un montón de cosas.

Hay una frase de un filósofo muy famoso, José Martí, que fue además el ideólogo de la Revolución Cubana, que me acuerdo de haberla visto en un instituto carcelario en La Habana, en un instituto de menores que se parecía más a un colegio que a un instituto carcelario: era una frase escrita en un mural, que decía “Educar al niño de hoy para no tener que castigar al hombre del mañana”. En definitiva, todo pasa por ahí, pasa por una cuestión de educación y de capacitación, para dar las herramientas necesarias y las alternativas.

Cuando usted me habla del Servicio Penitenciario Federal o Nacional y de la cantidad de presos que hay en las comisarías, obviamente eso es absolutamente irregular. Cuando usted lee la ley 24.660, que es la ley de ejecución de la pena, claramente establece cuáles son los periodos que tiene que ir pasando, durante la detención, la persona detenida: cómo va progresando esa detención para que su soltura esté readecuada, y para que esté en condiciones de ser recibida por la sociedad. Esto se puede realizar únicamente en un instituto carcelario que tenga esas condiciones, no en una comisaría, que son lugares de tránsito. Sin embargo, hay comisarías en donde hay personas condenadas, cumpliendo pena.

Además, el policía no está preparado para hacer de penitenciario. Una cosa es el policía administrativo, que tiene una preparación; otra cosa es el policía de calle que tiene otra preparación; otra cosa es el policía comunitario; otra es el policía científico; y otra, por supuesto, es el penitenciario, que también tiene que tener otra capacitación. Usted tiene que tener los mecanismos adecuados como para hacer realidad lo que dice la ley 24.660, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes. Porque, si no, pasa lo que nos pasa. Lo que pasa es que, también, muchas veces están mal vistas por la sociedad las inversiones que se hacen en los sistemas carcelarios, porque la gente muchas veces dice “y encima los premian”. Es que, hasta pensándolo desde un punto de vista egoísta, es para cuidar a la propia sociedad, porque, si esa persona sale peor de lo que entró, mal nos va a ir.