El fracaso del sistema penal, la otra cara de la moneda

En el convencimiento íntimo y personal que todos los involucrados en causas penales son primeramente seres humanos, trato de encontrar justificativos, atenuantes, entenderlos y con esa convicción es que ejerzo el rol no muy simpático para la sociedad, para la policía e incluso parte de los agentes encargados del sistema penal, los fiscales y los jueces.

Desde hace cuatro días se ha profundizado mi sentimiento que se resume en el título de  esta nota al  haber sido liberado Nicolás Aguerre, un pibe de apenas 22 años que debía haber salido de prisión el 20 de marzo del 2020, pero por un informe negativo de la policía en el lugar de cumplimiento de su condena, una comisaría, recién salió hace cuatro días.

Desde que salió lo he visto todos los días, porque me llama, porque no tiene para comer, porque con la ayuda de su madre le habían puesto un negocio en el barrio, pero luego de aquel informe de la policía no salió, lo agarro la cuarentena a su mujer, su hijo y su hermana, que no pudieron sostener el negocio y lógicamente se fundieron.

Hoy está en discusión, cuando el Gobernador dice que pondrá un tope salarial a los empleados judiciales, si es legal o inconstitucional el mismo, en mi opinión lo de los jueces y funcionarios no se debería tocar, por la preparación y estudio que se requiere y la responsabilidad que tienen, pero me hago la siguiente pregunta: Un empleado judicial medio le cuesta al Estado Provincial cerca de TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000) al año y el mismo ESTADO no puede destinar un solo peso a una persona  que termina de estar detenido, en este caso casi un año, es decir una pena corta, pero que lo termino de destruir en todo sentido, en su economía, en su trabajo, con su familia y por ahora lo ayudo con 500 o 600 pesos por día.

En otros países  un preso tiene un sueldo y existen patronatos del ESTADO que se ocupan del mismo cuando termina una condena, lo asisten y  si necesita incluso hay emprendimientos de los mismos ex detenidos que le dan la posibilidad de tener un trabajo.

En este caso, en nuestra provincia, ni siquiera tenemos lugares de detención constitucionalmente válidos, ya que las comisarias no lo son, no es culpa del comisario hacer un mal informe, no es culpa de la comisaria no tener lugar de estudio, para hacer cursos ni mucho menos darle asistencia una vez que termine de cumplir la condena.

Solo me imagino asignar digamos 2 sueldos de 2 empleados judiciales, por un año y obtener unos SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) anuales, con los cuales se podría hacer una fábrica de bloques, una carpintería, algún otro emprendimiento laboral, para que cuando el que cumple la condena salga, no quede tirado en la calle como Nicolás, quien ha prestado el consentimiento para aparecer en esta nota con nombre y apellido; a quien le deseo lo mejor y aconsejo que se resista a delinquir.