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09 de Marzo de 2024
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Piden que los sindicalistas portuarios presos por extorsión sean trasladados a una cárcel

Son cinco y pertenecen al SUPA. Por ahora, cumplen domiciliaria. La fiscalía de Rawson pidió que los trasladen. Se abrió la investigación para un nuevo imputado.

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La causa sobre la supuesta extorsión de sindicalistas portuarios a empresarios sigue dando que hablar. Y aparenta empezar a caminar por un sinuoso camino. Ahora, la Fiscalía de Rawson pidió la continuidad de la prisión preventiva en un centro de detención para seis sindicalistas del SUPA, que están siendo investigados por los delitos de extorsión y amenazas contra empresarios propietarios de empresas de estibaje. Cabe destacar que sindicalistas de otros gremios e incluso la CGT había amenazado con un paro general si los gremialistas continuaban detenidos.

 

La jueza de garantías, Karina Breckle, abrió la investigación contra otro nuevo imputado. Se trata de Cristian Pérez, vocal de ese gremio. La jueza Breckle resolverá este sábado, a las 10 de la mañana, si los imputados seguirán detenidos o no en un centro de detención.

 

La audiencia se prolongó durante diez horas de este viernes y se desarrolló en parte presencial y en parte vía web. La fiscalía fundamentó el pedido a que, en caso de ser hallados culpables, les podría caber una pena superior a los cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que se sospecha que de seguir el proceso en libertad o bajo la modalidad de arresto domiciliario, podrían fugarse o entorpecer la investigación.

 

Sumados a otros argumentos -como por ejemplo los nuevos hechos que surgen a profundizarse la investigación- los fiscales también pidieron que la prisión preventiva se cumpla en un instituto carcelario.

 

Se investiga a los sindicalistas del SUPA por supuestamente “extorsionar” y “exigir dinero” a empresarios pesqueros chubutenses entre los meses agosto y septiembre del 2023, a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza que llevaban adelante a través del gremio.

 

También se destacó un episodio en el que uno de los imputados (Gutiérrez) desde el frente de su casa en Comodoro Rivadavia donde se hallaba en carácter de detenido, el 9 de febrero pasado realizó los que se considera “incitaciones a la violencia” frente a algunos afiliados a ese gremio.

 

Para los fiscales, esta situación podría amedrentar a futuros testigos de la investigación. En este sentido algunos de los denunciantes expresaron tener temor por su integridad y la de sus familias.

 

Gutiérrez habló en la audiencia, se refirió a su representación gremial, la situación laboral de sus representados, lo que considera su “estigmatización” mediática además de negar los hechos en los que se encuentra involucrado penalmente.

 

También Breckle autorizó la ampliación y modificaciones de los hechos por los cuales son investigados los seis sindicalistas de la conducción del Sindicato Unidos Portuario de la Argentina (SUPA).

 

En una extensa audiencia, en la que además se trataron variados temas, se resolvió la constitución de querellantes y se presentaron nuevos defensores de los imputados Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vera, José Zambrano y Juan Carlos Inaleff y ahora Cristian Pérez.

 

Se investigan delitos de extorsión en carácter de coautores. Los denunciantes son Raúl Cereseto, Rafael Suárez, Ezequiel Jaroslavsky, Sergio Pantano y Luis Santander. En la audiencia de este viernes se sumó Oscar Aravales con los nuevos hechos que se enrostran a algunos de los imputados.

 

Los defensores cuestionaron algunas medidas de prueba de descargo, a la vez que presentaron medidas de descargo que a criterio de la jueza Breckle, deberán ser evaluadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal en función de su obligación legal de “objetividad”.

 

En este sentido,los defensores de los imputados hicieron una extensa exposición sobre las pruebas que reunieron en favor de los imputados.

 

La jueza Breckle puso énfasis a las medidas y niveles de responsabilidad a tener en cuenta para preservar los datos íntimos y privados ajenos a los objetivos de la investigación, en función del secuestro de celulares y la necesaria preservación de los derechos de los cinco imputados.

 

Los representantes de la Fiscalía de Rawson, Florencia Gómez y Leonardo Cheuquemán, fueron los encargados de hacer conocer los nuevos hechos que ahora se investigan y las modificaciones a los hechos originales descriptos hace un mes, cuando se realizó la audiencia de apertura de investigación.

 

Afirmaron que la audiencia realizada es solo para que se lo informe a los imputados de los nuevos hechos. También aceptaron las pruebas de descargo de los defensores, las que serán analizadas en el transcurso del proceso, a la vez que se destacó el cumplimiento del principio de “objetividad”.

 

En esta audiencia se presentaron los defensores Abdo Manyauik (representa al imputado Pérez) y Valeria Corbacho, sumados a Marcela Caminoa y abogados de Comodoro Rivadavia, como así también del querellante Nicolás Dálbora que representa los intereses del denunciante Raúl Cereseto.

 

El plazo de investigación sigue su transcurrir y en cinco meses más la Fiscalía de Rawson deberá presentar la acusación.

 

Con información de Fiscalía.

 

 

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