El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que la Secretaría de Derechos Humanos será rebajada a rango de subsecretaría, lo que implicará un recorte del 40% en su estructura y la reducción del 30% del personal, con un ahorro estimado de 9.000 millones de pesos anuales.
“El Ministerio de Justicia definió que la Secretaría de Derechos Humanos será convertida en Subsecretaría”, señaló Adorni durante su habitual conferencia de prensa. Justificó la medida afirmando que la cartera “ahora sí se va a encargar de garantizar todos los Derechos Humanos y no de defender un sector ideológico partidario”.
Críticas de Amnistía Internacional: “12 derechos perdidos”
El anuncio llega en medio de cuestionamientos por parte de organismos internacionales. Amnistía Internacional ya había advertido sobre el “retroceso de los Derechos Humanos en Argentina” desde la asunción de Javier Milei.
En su informe anual titulado “El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo”, la organización dedicó un apartado especial a Argentina bajo el nombre: “12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”. En ese informe, Amnistía denuncia un escenario de narrativas violentas, achicamiento de los espacios de participación democrática y represión a las voces disidentes, en un contexto de avance global de tendencias autoritarias.
La cultura también bajo ajuste
El recorte impulsado por el Gobierno no se limita a Derechos Humanos. Según anunció Adorni, varias instituciones vinculadas al área de Cultura serán eliminadas, reconvertidas o absorbidas por nuevos organismos.
Entre ellas, se encuentran los institutos Browniano, Newberiano y Belgraniano, que serán absorbidos por un nuevo ente centralizado. En el mismo camino irán el Instituto Yrigoyeneano y el Juan Manuel de Rosas, que se fusionarán. Además, el Instituto Sanmartiniano y el Museo Evita también serán modificados para funcionar exclusivamente como museos.
Impacto simbólico y político
Las medidas forman parte de una política más amplia de achicamiento del Estado, promovida por la gestión de Javier Milei bajo el lema de eliminar “gastos innecesarios” y “estructuras ideologizadas”.
Sin embargo, el impacto simbólico del recorte en áreas como Derechos Humanos y Cultura despierta rechazo entre organismos, académicos y sectores de la oposición que ven en estas decisiones una señal preocupante de desmantelamiento institucional y negación de la memoria histórica.
El Gobierno, por su parte, insiste en que estos cambios no representan un abandono de funciones esenciales, sino una forma más “eficiente” de administrar los recursos públicos.
O.P