La situación de la jueza Felicitas Maiztegui Marcó se complica día a día, luego de protagonizar —o al menos responsabilizarse— por una secuencia de choques ocurridos el pasado viernes 13 de junio en pleno centro de Ushuaia. A la fecha, ya cinco vehículos particulares y comerciales resultaron dañados, incluyendo tres unidades de una empresa de alquiler que reclama, además, un resarcimiento por lucro cesante. Ocurrió en Ushuaia, Tierra del Fuego
Recordemos que todo comenzó en calle Gobernador Godoy, entre San Martín y Maipú, cuando un Jeep Wrangler (patente NVZ-484) colisionó violentamente con varios auto estacionado de la firma Avis, provocando un choque en cadena que afectó a varios rodados. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad, en la que se observa que la conductora nunca descendió del vehículo y huyó del lugar.
El testimonio de un vecino fue clave: aportó el número de patente, que permitió confirmar que el vehículo pertenece a la jueza Maiztegui Marcó, quien vive en el barrio privado Mirador Fernández. Aunque circularon versiones sobre la posible conducción por parte de una mujer más joven, la magistrada terminó reconociendo su responsabilidad al ser confrontada con las imágenes por uno de los damnificados.
Entre los perjudicados se encuentran los abogados Paulino Rossi (en representación de Avis), Juan Pablo Quinteros, y Florencia Benevento. Esta última sufrió daños en su SUV Citroën C5. La empresa Avis, en tanto, exige el reintegro del lucro cesante por tener tres unidades fuera de servicio.
Además del incidente en calle Godoy, se investiga otro choque en el aeropuerto de Ushuaia, donde la jueza habría colisionado contra la barrera de acceso al estacionamiento medido. Desde allí se habría dirigido a su casa junto a una persona que arribó en uno de los vuelos del día.
El Juzgado Municipal de Faltas tomó intervención de oficio, al advertir la gravedad de lo sucedido y la omisión de auxilio por parte de la conductora, que se retiró sin identificarse ni someterse a controles de alcoholemia o exámenes toxicológicos.
En tanto, la aseguradora Sancor Seguros analiza si cubrirá la totalidad de los daños, incluidos los reclamos por lucro cesante. Por ahora, no hay pronunciamiento oficial del Poder Judicial, ni de la Policía Aeroportuaria ni de la concesionaria del estacionamiento, a pesar de las pruebas testimoniales, registros fílmicos y la presión pública a través de medios y redes sociales.
Resulta paradójico que la magistrada involucrada en estos hechos sea la misma que debe juzgar a ciudadanos por infracciones similares desde el Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur. La comunidad espera explicaciones y acciones concretas. Hasta ahora, predomina el silencio institucional.
Fuente: Crónicas Fueguinas