La Corte Suprema de Justicia atraviesa jornadas decisivas en las que deberá resolver uno de los expedientes más sensibles del año: la causa Vialidad, en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner. En juego está la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en 2024.
La decisión que adopte el máximo tribunal no solo tendrá impacto judicial, sino también un fuerte peso político. De quedar firme la condena, la ex mandataria quedaría automáticamente inhabilitada para postularse a cualquier cargo público. Además, se abriría la posibilidad de que comience a cumplir su pena, posiblemente bajo arresto domiciliario.
La próxima reunión plenaria de la Corte está prevista para el martes 10 de junio, y si bien aún no hay resolución definitiva, fuentes judiciales indican que los jueces se inclinan por rechazar los recursos presentados por la defensa de Kirchner mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos extraordinarios sin entrar al fondo del caso.
Con este paso, la Corte ya tiene todo listo para emitir un fallo. Las alternativas posibles son varias: rechazar los recursos por motivos formales, lo que dejaría firme de inmediato la condena; solicitar el expediente principal y remitirlo a la Procuración General para un nuevo dictamen; aceptar el recurso extraordinario y confirmar la sentencia; aceptar el recurso, anular la condena y ordenar que se dicte una nueva. E incluso, aunque menos probable, rever la sentencia aplicando el artículo 16 de la Ley 48, lo que podría derivar en una absolución o incluso una condena con una calificación más grave.
Si se confirma la condena, el caso volverá al TOF 2, que deberá definir cómo se ejecuta la pena de la ex presidenta y también resolver la situación de los otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.
El país se prepara para un fallo que podría marcar un antes y un después en la historia judicial y política argentina.
R.G.