El Gobierno de Estados Unidos anunció que la ejecución de Nidal Malik Hasan, el mayor del Ejército condenado por la masacre de Fort Hood en 2009, será pública y se transmitirá en directo. La fecha prevista es el 3 de diciembre y el método elegido es el fusilamiento, en la misma base militar de Texas donde ocurrió el ataque.
La decisión, confirmada por el Pentágono, generó un fuerte debate por las características de la ejecución. Si se concreta en esos términos, será un hecho sin precedentes en la historia moderna estadounidense, ya que las ejecuciones públicas autorizadas por el Estado dejaron de realizarse hace más de nueve décadas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió la medida durante una entrevista con el medio conservador Real America's Voice. Según explicó, la transmisión busca que la población comprenda las consecuencias de este tipo de crímenes.
El funcionario también señaló que el lugar, el día y la hora fueron elegidos por su simbolismo. La ejecución está prevista para un jueves a las 13, el mismo horario en que Hasan llevó adelante el ataque.
Una práctica abandonada hace más de 90 años
La última ejecución pública autorizada por el Estado en Estados Unidos tuvo lugar en agosto de 1936, en Owensboro, Kentucky. Cerca de 20.000 personas se reunieron para presenciar el ahorcamiento de Rainey Bethea, un joven negro condenado por la violación de una mujer blanca de edad avanzada.
Desde entonces, este tipo de ejecuciones dejó de formar parte de la práctica judicial estadounidense. En la actualidad, las ejecuciones públicas se registran en un número reducido de países, entre ellos Irán y Arabia Saudita, según relevamientos de organizaciones de derechos humanos.
La transmisión en directo también resulta excepcional. La difusión de videos de ejecuciones se asocia con frecuencia a organizaciones extremistas como el Estado Islámico, mientras que algunos autores de ataques masivos transmitieron sus crímenes por plataformas digitales.
En el ámbito militar estadounidense, la ejecución de Hasan sería la primera llevada adelante por la justicia militar desde 1961 y la primera por fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.
El Gobierno de Donald Trump defendió la pena de muerte y propuso ampliar el uso del fusilamiento como método de ejecución. Hegseth vinculó la decisión con la gravedad del ataque y con la intención de transmitir un mensaje sobre sus consecuencias.
El ataque que conmocionó a las Fuerzas Armadas
El 5 de noviembre de 2009, Hasan, psiquiatra del Ejército destinado en Fort Hood, ingresó con una pistola personal a las instalaciones militares y abrió fuego. El ataque dejó 13 personas muertas y otras 32 heridas, y se convirtió en el tiroteo más mortífero registrado en una base militar estadounidense.
El episodio ocurrió en un momento de intensa participación de Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak. Durante el proceso judicial, Hasan sostuvo que había actuado para librar una yihad contra lo que consideraba guerras ilegales e inmorales.
En 2013, un consejo de guerra lo condenó por 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado. Hasan, que resultó herido durante el tiroteo, permanece detenido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas, bajo condena a muerte.
El caso volvió al centro de la escena tras los anuncios del Pentágono y las declaraciones públicas de Trump. Durante un acto en San Antonio, Texas, el presidente anticipó la ejecución y la presentó como una forma de hacer justicia por los asesinatos.
La fecha anunciada es el 3 de diciembre. Su eventual realización en público y con transmisión en directo marcaría un giro extraordinario en la aplicación de la pena capital en Estados Unidos.
O.P.