A casi una década del fallo que ordenó al Gobierno y al Municipio de Ushuaia ejecutar obras urgentes para evitar el vertido de líquidos cloacales sin tratamiento al Canal Beagle, la contaminación sigue presente. Esta semana, el Fiscal Mayor interino de Ushuaia, Fernando Ballester Bidau, participó de un nuevo monitoreo ambiental en el marco de la causa judicial por la protección de intereses difusos, y confirmó que el impacto ambiental persiste en varias zonas del frente costero de la ciudad.
El operativo fue realizado por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) junto a la Prefectura Naval, el CADIC y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Las muestras se tomaron frente al aeropuerto, en el dispersor marino, en Isla Dos Lomos y en la desembocadura del Arroyo Grande, donde se siguen volcando efluentes sin tratamiento del sector Este de Ushuaia.
El estudio fue parte del Plan de Remediación Ambiental Ushuaia (PRAU), creado tras el fallo del Juzgado Civil y Comercial N°1 en 2014 que condenó al Ejecutivo fueguino y al Municipio a sanear el sistema cloacal, mitigar el daño ambiental y construir infraestructura adecuada.
Aunque el informe final de la DPOSS de mayo de 2024 indica que la contaminación sería de carácter “localizado”, también confirma que la comunidad biótica de las zonas impactadas está alterada, con presencia de especies diferentes a las encontradas en áreas limpias como Bahía Ensenada o Playa Larga. “Se ha verificado impacto biótico por vertidos cloacales. Si bien está limitado geográficamente, la situación es crítica considerando el crecimiento poblacional y el turismo”, señala el documento oficial.
El informe subraya que la falta de una planta de tratamiento en la zona del Arroyo Grande es uno de los principales focos de contaminación, algo que debía resolverse años atrás. Esta planta, anunciada en reiteradas oportunidades, aún no está en funcionamiento, pese a que en el lugar se descargan los residuos crudos de una amplia zona habitada.
El monitoreo también buscó establecer una línea de base ambiental a partir de datos recolectados entre 2016 y 2018, y se realizó con presencia de ingenieros, técnicos, peritos y funcionarios judiciales, con respaldo científico e institucional.
En paralelo, el Municipio de Ushuaia sigue sin cumplir con la remediación del lecho submarino costero y las bahías Encerrada y Golondrina, otra de las obligaciones fijadas en la sentencia judicial.
Mientras tanto, el Canal Beagle sigue recibiendo efluentes cloacales sin el debido tratamiento, con impactos en la salud ambiental y la calidad de vida. Y aunque la Justicia interviene, las respuestas del Estado son lentas, parciales o simplemente ausentes.
Fuente: Crónicas Fueguinas