La agencia de delitos ambientales formalizó la investigación preparatoria contra un hombre acusado de ingresar sin permiso a un establecimiento rural para cazar un ciervo colorado en época de veda y por portar arma sin autorización legal para ello. El hecho, que ocurrió en la zona denominada “Campo de la Minera”. La Defensa se opuso y pidió el sobreseimiento, la Fiscalía rechazó el planteo y la juez coincidió en que es prematuro y debe permitirse que avance la investigación.
La Fiscalía sostiene que el incidente tuvo lugar el 27 de septiembre de 2024. El imputado habría ingresado sin autorización al predio de la firma Cia. De Tierras del Sur Argentina S.A., ubicado a unos 4 kilómetros de la ciudad por la Ruta Nacional Nº 259.
Una vez en el lugar, y portando un arma de fuego en condiciones de uso, habría dado muerte a un ejemplar adulto de ciervo colorado. La fiscalía remarcó que el hombre no contaba con licencia de caza emitida por la Dirección de Fauna para la caza del ciervo colorado, que se encontraba en un sitio no habilitado como coto de caza y que actuó durante la época de veda, que para el año 2024 se extendió entre marzo y mayo.
Posturas encontradas en la audiencia
Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía ratificó la calificación legal provisoria de violación de domicilio, portación de arma de fuego y caza furtiva.
Por su parte, la defensa intentó frenar el avance de la investigación solicitando el sobreseimiento. Argumentaron que su asistido posee licencias de "usuario legítimo" de armas y que realiza la actividad de caza como un medio de subsistencia para su familia.
Sin embargo, la jueza interviniente rechazó el planteo de la defensa. El fundamento principal fue que los permisos presentados por la defensa no coinciden con las fechas del hecho investigado ni con la especie animal afectada (ciervo colorado).
Continuidad del proceso
Con el rechazo del sobreseimiento, se dio por iniciada formalmente la investigación penal preparatoria. Esto permitirá a las partes reunir nuevas evidencias durante los próximos meses. La Fiscalía analizará la información obtenida y determinará si avanza con la acusación pública.