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A un año del incendio de la Casa de Gobierno y la Legislatura

Los argumentos de la Fiscalía y de Santiago Goodman, en este informe especial.

El 17 de septiembre de 2019, un grupo de manifestantes, en reclamo del pago de haberes atrasados, incendió la fachada de la Legislatura provincial y uno de los accesos de Casa de Gobierno.

 

 

Por el hecho, se encuentran imputados Santiago Goodman, secretario general de ATECh, sindicato que reúne a los docentes del Chubut, y otros tres integrantes del gremio: Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

 

 

Esta semana, se llevó a cabo la audiencia preliminar, a través del sistema de videoconferencia, en la Oficina Judicial de Rawson.

 

 

Los sucesos

 

"Para provocar ambos incendios se utilizaron pallets de madera y neumáticos que habían sido transportados en una Renault Kangoo propiedad del gremio de la ATECh, liderado por Goodman", expuso la fiscal general, Florencia Gómez, quien señaló a Goodman como el organizador y como la persona que impartió las directivas, además de identificarlo como la persona que realizó varios viajes en ese vehículo para trasladar un mayor volumen de los elementos utilizados para la combustión.

 

 

La fiscal, quien pidió 5 años por el incendio y, como alternativa, 3 años por daños, expuso que existen filmaciones en que se muestra al sindicalista bajando cubiertas de una Renault Kangoo y, en otro momento, arrojando dos de ellas a las llamas que, hasta el momento, autores desconocidos habían iniciado en la zona del estacionamiento y en la puerta de Legislatura provincial.

 

 

Los otros tres imputados también fueron observados y registrados haciendo maniobras similares. Las llamas afectaron seriamente todo el frente de la Legislatura, la sala de sesiones y la recepción, además de dañar vidrios y puertas, expuso la fiscal Gómez.

 

 

La causa está caratulada provisoriamente como “incendio intencional con peligros para archivos y bibliotecas públicas". La fiscal general Gómez señaló, a manera de imputación subsidiaria, la de “daño agravado”. La querella, en representación de la Fiscalía de Estado, adhirió completamente a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal: se trata de los letrados Christian Martínez y Rodrigo Miquelarena.

 

 

El juez de garantías, Gustavo Castro, tras escuchar todos los planteos (por parte de la fiscalía, a cargo de Florencia Gómez, y por parte de ambas defensas, a cargo de Sergio Miranda y Miguel Moyano), deberá resolver, en el término de tres días hábiles, si eleva o no la causa a juicio oral y público.

 

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