Cuando su expareja le informó que se iría de vacaciones con el hijo que tienen en común, el hombre no puso objeciones. Era parte del acuerdo dentro del régimen de visitas que habían establecido. Sin embargo, un detalle lo inquietó: la mujer también llevó a "Toto", el perro del niño, que nunca antes había salido de la ciudad en la zona Atlántica de Río Negro.
A medida que pasaban los días, otros indicios reforzaron sus sospechas. La venta de un colchón y el envío de grandes cajas a través de una empresa de transporte lo convencieron de que el viaje no era temporal. Creyó que la madre planeaba radicarse en otra provincia con su hijo sin su consentimiento.
El caso derivó en una batalla judicial con denuncias cruzadas, declaraciones de testigos, peritajes y audiencias con el niño. Finalmente, la Jueza de Familia de Viedma resolvió que el menor debía regresar a Río Negro, al considerar ilegítimo su traslado unilateral.
El padre relató que dejó al niño en la casa materna, como habían acordado, pero días después recibió una citación judicial desde otra provincia: su expareja lo había denunciado por un supuesto episodio de violencia ocurrido ese mismo día. Él negó haber tenido contacto con ella y presentó como prueba las cámaras de seguridad del banco donde trabaja.
Las pruebas confirmaron sus sospechas. El Banco Nación, propietario de la vivienda que el hombre ocupaba por su trabajo, constató días después que la casa familiar había quedado vacía. Un escribano ingresó con un cerrajero y solo encontró algunos juguetes, un televisor, un sillón y ropa suelta. La madre ya no vivía allí.
Para entonces, el niño ya estaba inscripto en primer grado en una escuela del norte del país, jugaba al fútbol en un club local y pasaba sus días con su primo. Incluso “Toto” se había adaptado a su nuevo hogar.
La mujer argumentó que no tuvo otra opción y habló de una relación marcada por la violencia psicológica y física. Aseguró que no se trataba de una mudanza planificada y explicó que llevó al perro porque no podía pagar una niñera y su hijo no quería separarse de él.
Sin embargo, el expediente mostró otra realidad. Entre noviembre y enero, se enviaron 15 cajas por encomienda. Testigos afirmaron que parte del mobiliario había sido vendido, canjeado o embalado antes del viaje.
El debate judicial giró en torno al interés superior del niño. La jueza lo escuchó en una videollamada junto con una defensora de menores y una psicóloga. El informe reveló altos niveles de ansiedad, distracción y nerviosismo. El menor no pudo identificar con claridad dónde vivía ni quiénes eran sus abuelos.
El equipo técnico determinó que no existían indicadores de riesgo en el vínculo paterno-filial. Desde el traslado, el contacto con el padre se había limitado a videollamadas, muchas de ellas interrumpidas o supervisadas por la madre, lo que dificultaba la comunicación.
Finalmente, la jueza ordenó la restitución inmediata del niño a Río Negro. Afirmó que ese era su centro de vida y que el traslado se realizó sin el consentimiento del padre ni intervención judicial. Si la madre decide regresar a la provincia, podrá convivir con su hijo y retomar el régimen provisorio de visitas. Si opta por quedarse en Entre Ríos, el niño vivirá con su padre y se establecerá un nuevo régimen de contacto con su madre.