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13 de Junio de 2025
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2 años y 8 meses de prisión en suspenso en la causa "Ñoquis calientes"

La Cámara Penal de Trelew confirmó de manera parcial la sentencia impuesta en primera instancia sobre la ex funcionaria provincial, Cecilia Torres Otarola, y redujo el monto de la pena que deberá cumplir.

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En el caso de Torres Otarola, ex Ministra de Familia de la provincia y también de Silvana Cañumil, los jueces hicieron lugar de manera parcial a la impugnación presentada por sus abogados y ambas fueron absueltas por uno de los hechos endilgados, en tanto que se confirmó lo resuelto en el juicio sobre otros tres delitos. Los magistrados determinaron que la pena a cumplir por parte de la exfuncionaria del estado chubutense será de 2 años y 8 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.

 

El tribunal de alzada rechazó, por otra parte, la impugnación presentada por los abogados de los otros condenados en la causa.

 

La resolución

 

En el primer punto, la Cámara resolvió hacer lugar parcialmente a la impugnación presentada por los abogados defensores de Cecilia Torres Otarola y Silvana Cañumil, y absolver a ambas del delito de defraudación a la administración pública, en calidad de autora y partícipe necesaria, respectivamente, por el hecho identificado como N.º 1, en perjuicio del Estado, conforme a lo establecido en los considerandos del fallo.

 

En el segundo punto, se decidió "rechazar la impugnación ordinaria de los Sres. Francisco Miguel Romero y Romano Cominetti, así como el de la Dra. Florencia Ana Aida Barba, por los argumentos desarrollados en los considerandos, manteniendo incólume la sentencia registrada bajo el Nro. 27/2025 en los puntos VII a XII de dicho resolutorio".

 

Por último, la Cámara resolvió revocar parcialmente la sentencia original, reduciendo la pena impuesta a Cecilia Torres Otarola a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de costas. Fue hallada responsable como autora material y penalmente responsable de los delitos de "defraudación a la administración pública y exacciones ilegales", por hechos cometidos tanto en la Administración pública como en perjuicio de particulares.

 

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