El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó un plan integral destinado a recuperar la soberanía digital y proteger a la infancia en el entorno virtual. Esta iniciativa establece la prohibición formal para que los menores de 16 años utilicen redes sociales, bajo la premisa de que estos espacios se han convertido en lugares donde los delitos suelen tolerarse y las leyes se ignoran. El proyecto no solo contempla la restricción de acceso mediante sistemas de verificación de identidad más estrictos, sino que también incluye la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos y la creación de un sistema de rastreo para identificar discursos de odio. Con esto, el Ejecutivo busca responsabilizar directamente a los directivos de las grandes tecnológicas por los contenidos que sus plataformas amplifican.
España se suma así a una tendencia global que busca frenar el impacto de la "infancia basada en pantallas" y el aumento de trastornos como la ansiedad y la depresión en jóvenes. Australia fue pionera en implementar esta restricción de edad argumentando que el cerebro de los adolescentes no debe estar a merced de algoritmos diseñados para la adicción. Por su parte, Francia ha avanzado con medidas similares que prohíben el acceso a menores de 15 años y restringen el uso de teléfonos en institutos, mientras que el Reino Unido y Dinamarca tramitan leyes para fijar límites en los 16 y 15 años respectivamente. Otros países como Portugal, Malasia e Indonesia también debaten regulaciones similares, motivados por informes que vinculan el uso excesivo de estas plataformas con el ciberacoso, los trastornos alimentarios y la exposición a contenidos violentos.
E.B.W.