La decisión del organismo recaudador frena la insistencia judicial ante los reclamos de los adultos mayores para no pagar el tributo, buscando achicar los costos del Estado y acelerar las causas.

Desde mayo, el organismo amplió el monitoreo de transferencias y cobros electrónicos para detectar ingresos no declarados. La medida impacta especialmente en monotributistas y trabajadores independientes.