Defraudación a la Administración Pública: Se define el juicio

Luego de escuchar la declaración del último testigo, la Fiscalía y la Defensa particular expusieron sus alegatos de cierre. Révori estructuró los indicios recabados a lo largo del juicio por los cuales considera que Portillo Delebecq es coautor del delito de Defraudación a la Administración Pública, en tanto que González, en base a los mismos testimonios postuló que su defendido y la Administración Pública, fueron víctimas de la Defraudación.

El Tribunal Unipersonal conformado por Martín O’ Connor dará a conocer su veredicto este miércoles, pasado el mediodía. Deberá decidir si con la prueba producida en juicio se logró demostrar que el ex Director de Obras Públicas, Jorge Luis Fabián Portillo Delebecq tuvo participación en el delito de Defraudación a la Administración Pública, o no.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía, dando cuenta del irregular pago de una obra, a partir de la certificación de trabajos que no se habían realizado. Esa situación fue demostrada a lo largo de la investigación y dos de los imputados optaron por admitir su responsabilidad y acceder a un juicio abreviado. El inspector de obras que certificó los trabajos y el propietario de la empresa adjudicataria.

Distinta es la situación de quién entonces era la máxima autoridad de Obras Públicas en la región. Su conocimiento y decisión de convalidar el fraude no resulta tan evidente como para que optara por allanarse a la prueba. La Fiscalía obtuvo testimonios que planteaban su conocimiento, interés y participación. Testimonios que ofrecían algunos indicios, suficientes para llevar a Portillo Delebecq a un juicio oral y público en el que producir la prueba, demostrar su responsabilidad o limpiar su nombre en caso de evidenciarse que fue ajeno a la maniobra. Entre uno y otro extremo hay una escala de grises que en materia de justicia se resuelve con el beneficio de la duda cuando la prueba no es contundente en señalar la responsabilidad. El miércoles se sabrá si para el juez la balanza se inclinó por la declaración de responsabilidad o por la absolución del acusado.

Fernanda Révori planteó al inicio, qué característica del caso es la que a su criterio lo reviste de mayor importancia de la que pueda aparentar a simple vista. “Trasluce el modo en que se maneja la obra pública en nuestro país”. Mencionó a sectores preocupados porque se llegue a la verdad y a otros que estaban más preocupados por saber cómo salió a la luz pública esta información y quién la sacó de la esfera del ente, que en conocer si hubo un delito y quién lo cometió.

Habló de la presunta relación de amistad de Lazarte, el dueño de la empresa contratista, con Portillo. Del irregular ingreso a la repartición de la ex mujer de Lazarte, como persona de confianza de Portillo y de un incremento en la cantidad de contrataciones que recibió esa empresa constructora durante la administración de Portillo.

Révori desgranó las declaraciones testimoniales y se detuvo en una de ellas, la de un colega y amigo del inspector de obra, Cilio, quién reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado. El testigo dijo que le había preguntado a Cilio por qué lo hizo y este, angustiado, le dijo que lo hizo porque lo presionaron, “que le debían plata a Lazarte y que le pagarían con esta obra”. En el juicio abreviado, el abogado defensor de Cilio dijo que su cliente había decidido admitir su responsabilidad, más allá de las “razones éticas y morales” por las que había firmado.

Révori resaltó que Cilio recibía órdenes de Portillo ya que era su superior. “Portillo no fue una víctima, fue una pieza clave”, sostuvo al pedir que se lo declare coautor penalmente responsable del delito de Defraudación a la Administración Pública.

El defensor, Santiago González inició su alegato indicando que, si bien no se propuso una teoría negativa del caso, finaliza el juicio concluyendo en que quedó demostrado que su defendido no participó de la defraudación. El letrado dedicó buena parte del alegato en fundamentar con referencia a distintos testimonios, que la empresa de Lazarte era contratada por Obras Públicas desde mucho antes de la administración Portillo, que los procedimientos de adjudicación directa no cuentan con una reglamentación legal que establezca el modo en que deben realizarse y que Portillo no tuvo contacto directo con la obra, ni siquiera con los firmantes del acta que constataba el avance de trabajos. El, según el defensor, descansó en la certificación del inspector, confió y fue “engañado” ya que en el acta “no hay un solo elemento que le permita dudar”.

También dedicó un tiempo de su exposición a rebatir la posibilidad de que Cilio hubiera sido presionado para firmar el acta. “No hay un solo elemento que nos permita afirmar que lo obligaron a Cilio a firmar el acta”, sostuvo. Luego habló del derrotero de ese documento, indicando que fue recibido en el Departamento de Compras, como otro cualquiera, a partir de lo que, allí mismo, se formó el expediente y se colocaron los sellos para luego entregarlo a la firma de Portillo.

“El engaño fue pergeñado por Lazarte y Cilio… No se conocen los motivos…”, apuntó el letrado. González habló de las tareas intrascendentes que tuvieron a su cargo las empleadas que ingresaron con Portillo a la administración y descartó la existencia de una amistad cercana entre Portillo y Lazarte.

El abogado pidió al juez la absolución de su defendido.

Ministerio Público Fiscal