La Justicia Federal investiga si detrás de los videos eróticos difundidos por la policía porteña Nicole V., suspendida de sus funciones por posar con el uniforme oficial de la Ciudad, existe una red de explotación sexual. La denuncia fue presentada en el Juzgado Federal de Tres de Febrero por el abogado Rodrigo Tripolone, quien señaló posibles delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y producción organizada de contenido sexual.
En tanto, la mujer dio una nota a un canal de televisión y explicó que subió los videos por necesidad económica. Está de licencia y cobra la mitad de su sueldo, y entonces, contó, no puede cubrir los gastos suyos, de su hija y ayudar a sus padres.
Según el escrito del letrado, el material viralizado mostraría indicios de una estructura dedicada a captar y facilitar contenido sexual protagonizado por varias mujeres, una de ellas vestida con uniforme policial. Para Tripolone, la producción sistemática de videos, la participación de múltiples mujeres en entornos privados --sin poder determinar si son argentinas, extranjeras o menores de edad-- y el uso del uniforme como señuelo o mecanismo de legitimación frente a terceros configuran elementos compatibles con una organización dedicada a la explotación.
El abogado pidió una serie de medidas urgentes, entre ellas la preservación de contenido y datos de cuentas de Instagram, TikTok y otras plataformas; la identificación de todas las personas que intervienen en los videos; allanamientos; intervenciones telefónicas; peritajes informáticos; y la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
En el expediente también se menciona que, pese a la suspensión, Nicole V. habría continuado generando contenido con otros perfiles, nuevamente utilizando uniforme y dirigiendo a enlaces externos de monetización. Para Tripolone, la joven funcionaría como “captadora” dentro de una presunta organización.
Por el momento, la agente --que llevaba más de tres años en la fuerza-- solo fue puesta a disponibilidad por “afectar el prestigio institucional” y por violar la Ley 5688 de Seguridad Pública, que regula el uso del uniforme. Además, tanto ella como otra joven que aparece en los videos enfrentan una denuncia adicional por usurpación de títulos y honores, impulsada por la propia Policía de la Ciudad.