El día después de la definición de insistir con la necesidad de aprobar un Presupuesto 2026 sin déficit fiscal, el Gobierno Nacional definió no avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. En su lugar, el equipo económico diseñó una serie de propuestas que se incluirán para mantener el déficit cero, una de las condiciones innegociables establecidas por el presidente Javier Milei.
Un importante funcionario sintetizó la estrategia oficial ante las demandas parlamentarias: "Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo, y sostiene el equilibrio fiscal". Si bien la mesa chica presidencial había resuelto inicialmente volver a la carga con las derogaciones, finalmente desistieron de la idea. Los equipos técnicos presentaron una contrapropuesta para aprobar la Ley de Leyes, la cual obtuvo dictamen este mediodía en la Cámara de Senadores.
En lo que respecta a la emergencia en discapacidad, fuentes gubernamentales precisaron que la ley será respetada. La propuesta incluye que la pensión no contributiva tenga un valor del 70% del haber mínimo jubilatorio, sujeto a las actualizaciones establecidas por el ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, se aclaró que la pensión será compatible con un vínculo laboral siempre que los ingresos del beneficiario no superen el monto de dos salarios mínimos vitales y móviles, cifra que desde diciembre se ubica en $334.800.
Otro punto relevante es el mantenimiento de la compensación de emergencia retroactiva. Su actualización se determinará en base a los aranceles aprobados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sobre este mecanismo, desde el Ejecutivo señalaron: "Se establece que la autoridad de aplicación determinará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador alcanzado". El ajuste será trimestral y coordinado por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Respecto a la Ley de Financiamiento de Educación Universitaria, el Gobierno no insistirá con su derogación. En cambio, propondrán aumentar un 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados en 2025. En cuanto a la actualización salarial, el oficialismo sugiere un incremento escalonado: un 5% a partir de diciembre de 2025, seguido por cuatro aumentos del 2% durante enero, febrero, marzo y abril de 2026. Además, se intentará establecer que en junio el Ejecutivo evalúe compensar diferencias por inflación de forma no automática.
Finalmente, el proyecto incorporará las adecuaciones necesarias para cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión se consolidó tras el encuentro entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En Balcarce 50 confían en que estas flexibilizaciones permitan sancionar el presupuesto este mes, despejando el camino para tratar la Reforma Laboral y otros ítems tributarios durante el mes de febrero.
T.B