La detención de Nicolás Maduro en territorio estadounidense ha reactivado de forma inmediata los expedientes judiciales que pesan sobre él en el cono sur. Este lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente activar el mecanismo de extradición activa para que el exlíder venezolano sea trasladado a la Argentina y sometido a proceso en los tribunales de Comodoro Py.
El pedido de Stornelli se da en el marco de la causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El fiscal adhirió así al planteo urgente de las querellas, representadas por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADER) y la Fundación Apolo, quienes el domingo ya habían reclamado que Argentina aproveche la detención en Nueva York para asegurar la comparecencia de Maduro ante la ley nacional.
El trasfondo de la causa en Argentina
Cabe recordar que, en septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña había ordenado la detención y captura internacional de Maduro y otros jerarcas del chavismo bajo el principio de jurisdicción universal. Esta doctrina permite que graves violaciones a los derechos humanos sean juzgadas en cualquier país, independientemente de dónde se hayan cometido
La causa argentina se sustenta en los testimonios de ciudadanos venezolanos refugiados en el país, quienes denunciaron haber sido víctimas de secuestros, tormentos y persecución sistemática por parte de las fuerzas de seguridad del régimen. "Ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado... y sobre él pesa un llamado a prestar declaración indagatoria con orden de detención vigente", sostuvo Stornelli en su escrito.
El rol de la Cancillería
De prosperar la solicitud del juez Ramos, el trámite pasará a manos de la Cancillería argentina, que deberá gestionar ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el eventual traslado del imputado.
Si bien Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en Nueva York —donde hoy mismo se declaró como "prisionero de guerra" ante un tribunal—, la justicia argentina busca garantizar que también responda por los crímenes de lesa humanidad que afectaron a miles de venezolanos, incluyendo a quienes hoy residen en suelo argentino.
F.P