La ampliación del Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la emergencia ígnea en la Patagonia marca un punto de inflexión en la estrategia de combate contra el fuego en el extremo sur del país. Con la incorporación formal de Santa Cruz a este régimen excepcional, el Gobierno nacional reconoce la gravedad de una situación climática que ya no afecta solo a las zonas boscosas de la cordillera, sino que se ha extendido a la estepa y las áreas costeras. Este marco legal permite que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego disponga de una mayor agilidad presupuestaria para el despliegue de recursos humanos y técnicos, evitando las demoras administrativas habituales en contextos de crisis. La provincia se suma así a un bloque regional compuesto por Chubut, Río Negro y Neuquén, conformando un frente unido para enfrentar incendios que han demostrado una agresividad inusual debido a la sequía prolongada y la falta de precipitaciones.
Uno de los factores determinantes para esta inclusión fue la vulnerabilidad de las áreas protegidas y la infraestructura crítica. En el centro de la provincia, la situación en la Península de San Julián y el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke generó una alerta máxima, ya que las llamas pusieron en riesgo la biodiversidad marina y terrestre de la zona, además de amenazar la conectividad de la Ruta Nacional 3. Por otro lado, la fragilidad de la red eléctrica en zonas urbanas y suburbanas quedó expuesta tras incidentes provocados por descargas en líneas de media tensión, lo que en localidades como El Calafate derivó en principios de incendio sobre el arbolado público. La norma nacional no solo apunta a la extinción de los focos activos, sino también a la prevención y reconstrucción de las áreas degradadas, estableciendo un sistema de vigilancia continua para proteger íconos del patrimonio natural como el Parque Nacional Los Glaciares ante cualquier eventual contingencia.
E.B.W.