Este martes se dio inicio al juicio oral y público contra Fabián Jorge Pérez, exingeniero jefe de Vialidad Provincial, y Juan Carlos Vinay, exjefe de la Zona Noroeste del organismo. Ambos enfrentan cargos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de hechos ocurridos entre enero y febrero de 2024.
El debate se desarrolla ante un tribunal mixto, integrado por tres jueces técnicos y dos populares. Durante la primera jornada, el fiscal Lucas Papini presentó el caso, seguido por la Fiscalía de Estado en su rol de querellante y la defensa particular de los imputados.
Por la tarde, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal y las partes se trasladaron a la Cantera Arroyo Fontana, sitio desde donde se extrajo el material, y al callejón al que fue destinado. El fiscal Papini argumentó que esta medida permite que el tribunal conozca de manera directa las referencias de los testigos y las pruebas que se expondrán durante el proceso.
La acusación: Material estatal para fines particulares
La fiscalía sostiene que Pérez y Vinay utilizaron sus jerarquías para disponer de bienes del Estado en beneficio de intereses privados. Según la acusación, los exfuncionarios autorizaron la entrega de aproximadamente 3.600 metros cúbicos de material árido a una empresa para ser utilizado en un camino privado.
Los puntos presentados por la fiscalía indican que la entrega de material no contó con un convenio firmado por el presidente de Vialidad, quien es la única autoridad competente para tal fin. Asimismo, se habrían emitido órdenes para no identificar a los camiones y se apartó mediante un memorándum al encargado de la cantera tras su oposición a la maniobra por falta de orden escrita. El Ministerio Público Fiscal estima que la decisión causó un perjuicio económico al patrimonio estatal de $4.320.000.
Por su parte, la Fiscalía de Estado adhirió a la exposición del fiscal Papini, reforzando la postura de que se violó la normativa legal vigente de la provincia.
La postura de la defensa
La defensa particular de Pérez y Vinay rechazó los cargos, sosteniendo que no existió dolo penal ni intención de cometer un delito. Los abogados argumentaron que el accionar de los exjefes se ajustó a los procedimientos administrativos de práctica y habituales dentro de Vialidad Provincial para resolver situaciones operativas de la zona.
Según los defensores, los imputados actuaron dentro de sus facultades operativas y no existió un favorecimiento irregular a particulares, calificando la maniobra como parte de la gestión ordinaria del organismo.