Miquelarena: la tolerancia estatal implica impunidad del agresor

El Procurador General sacó una contundente Instrucción 04/16, dirigida a los fiscales y funcionarios con un claro mensaje respecto de las situaciones de violencia familiar o de género. “El quebrantamiento de una medida de protección no es una conducta tolerada por la Administración de Justicia”. Cada vez que un infractor a una medida de protección dispuesta por un juez, sea aprehendido en flagrancia, deberá mantenerse detenido hasta la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación por el delito de desobediencia. En todos estos casos debe actuarse según la Instrucción 1/14 “Protocolo para casos de violencia familiar, intrafamiliar o doméstica”.

Este procedimiento es de práctica en la mayoría de las circunscripciones que, desde hace varios años, profesionalizan sus procedimientos para este tipo de casos siguiendo las políticas adoptadas por la Institución.

El 28 de junio el Juez de Familia de Rawson, Dr. Martín Alesi, hizo llegar una nota al Procurador General, Jorge Luis Miquelarena. El contenido de la nota fundamentó la reciente Instrucción General. En ella el magistrado manifestaba su preocupación por la respuesta dada por la Oficina Fiscal de la ciudad capital de la provincia ante el incumplimiento de medidas cautelares, “la que a su criterio contribuye involuntariamente a promover un escenario de impunidad y zona liberada”.

Los agresores en los casos de violencia familiar o de género, utilizan los incumplimientos a las medidas dictadas por la justicia, como forma de hostigamiento. Esta actitud tiene efectos devastadores para la víctima. La impunidad los empodera.

El posicionamiento de la Procuración General frente a la violencia de género

Desde hace tiempo la Procuración se ocupa de esta problemática mediante instrucciones y protocolos específicos, capacitaciones, sensibilización del personal y especialización. Al observar situaciones puntuales que no se ajustan a estas políticas, Miquelarena decidió reforzar los criterios de política criminal para mejorar la eficacia de la persecución penal en los casos de violencia doméstica y de género, recordando que las Instrucciones Generales son de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes del MPF.