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13 de Octubre de 2022
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Villa Mascardi: La Fiscalía de Bariloche informó las razones del desalojo

El pasado 4 de octubre se llevó adelante el desalojo de la "Lof Lafken Winkul Mapu" de la zona de Villa Mascardi, por lo que la Fiscalía dio a conocer los motivos del accionar policial y las detenciones de mujeres. 

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El 28 de septiembre pasado la Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de la fiscal federal interina María Cándida Etchepare, solicitó el desalojo de los siete predios (compuestos por once lotes) usurpados, que  las personas pertenecientes a la Comunidad “Lof Lafken Winkul Mapu” reclaman como propias.

 

En este marco, desde el Ministerio Público Fiscal de Bariloche, informaron que el reclamo se origina no en la ocupación tradicional y pública de las tierras, sino en una visión que tuvo, en 2017, una niña de por entonces 16 años, que es la autoridad espiritual del Pueblo Mapuche y en esa oportunidad la joven soñó que sus antepasados le indicaban que "allí debían asentarse”.

 

Vale mencionar, que dicha Comunidad "no canalizó sus reclamos por las vías de derecho, no se inscribió ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni pidió ser relevada, como es el procedimiento habitual previsto por la ley y resoluciones que regulan la materia".

 

Por esto, el INAI  informó en diversas oportunidades que no tiene registro ni petición alguna vinculada con este grupo de personas, el cual, por el contrario, sí se inscribió en el año 2012 pero integrando otra comunidad (“Lof Colhuan-Nahuel”) y reclamando su ancestralidad en otras tierras que sí le fueron reconocidas, en el Barrio Virgen Misionera en esta misma ciudad.

 

Según detallaron, en Villa Mascardi, "no hay ninguna prueba de su ancestralidad en el lugar, y las tierras fueron ocupadas sin seguir las vías que el Estado de Derecho prevé para estos supuestos y sin reconocer los límites que la administración de justicia ha intentado infructuosamente imponer durante estos años” detallaron.

 

Si bien la Fiscalía Federal solicitó en reiteradas oportunidades el desalojo de varios de los predios a lo largo de los años desde que se iniciara la primera usurpación en 2017, "en esta última oportunidad ello obedeció, puntualmente, a los hechos ocurridos desde la noche del 25 de septiembre pasado en adelante.

 

“El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo” añadieron.

 

El comunicado sostiene que "un motivo central de este último pedido de desalojo la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años".

 

Asimismo, desde Parques Nacionales se ofreció "reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del ex hotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades. Nada alcanzó. A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos. Los miembros de la comunidad manifestaron una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar".

 

“Llegados entonces a este estado de cosas y a esta escalada de violencia, la Fiscalía Federal solicitó el desalojo de toda la zona, medida que fue autorizada por la Jueza Federal a cargo del caso y que se llevó a cabo el martes 4 de octubre” informaron.

 

Así fue que se procedió a la detención de siete mujeres, una de ellas con un avanzado embarazo y dos con bebés lactantes en sus brazos, quienes fueron trasladadas a las dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con excepción de la mujer embarazada, que fue alojada en el Hospital Zonal, donde permaneció con asistencia de su partera hasta el día en el que se le concedió la prisión domiciliaria el pasado 8 de octubre.

 

Ayer la Fiscalía Federal fue anoticiada por autoridades del Hospital Zonal de que la mujer rompió bolsa en la noche del lunes 10 y que decidió parir en la ruca del Consejo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), en donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria, con la ayuda de su partera.

 

En este sentido, se explicó que "el motivo por el cual las detenidas fueron trasladadas a la sede de una fuerza de seguridad es que el Servicio Penitenciario Federal solo tiene tres cárceles de mujeres en el país: una en La Pampa, una en Formosa y una unidad en Ezeiza".

 

A su vez, "el Servicio Penitenciario provincial no tiene ninguna cárcel de mujeres, tan solo un pabellón en la cárcel de varones de General Roca. Esta situación será puesta en conocimiento de las autoridades del SPF y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, de modo tal que adopten las políticas públicas tendientes a garantizar concretamente los derechos de las mujeres sometidas a procesos penales".

 

Finalmente, con el aval de esta Fiscalía, se concedió la prisión domiciliaria a cuatro de ellas (incluyendo a la mujer embarazada que estaba internada en el Hospital Zonal), mientras dos continúan detenidas en la sede de la PSA por pedido de sus abogados defensores, que brindaron su consentimiento para que sean alojadas en esas instalaciones.

 

En la jornada de ayer, esta Fiscalía Federal solicitó el sobreseimiento de una de ellas, pues se comprobó que estaba casualmente en el lugar y que reside en la ciudad de Trelew. Así fue dispuesto por el juzgado y la mujer recuperó la libertad.

 

En el marco de éstas últimas actuaciones, se les imputó los delitos de usurpación reiterado en dos oportunidades en concurso real entre sí.

 

 

Fuente: InfoChucao

 

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