02 de Agosto de 2022
sociedad |

Para la Fiscalía, los tres acusados por el incendio en Legislatura actuaron con intención

Este lunes en Rawson se leyeron los alegatos finales del juicio oral y público contra los tres ex-dirigentes de la ATECH

En el día de ayer se escucharon los alegatos finales en el juicio oral y público contra los tres imputados por los incendios de septiembre de 2019 que afectaron la Legislatura Provincial y Casa de Gobierno en Rawson.

 

La Fiscalía y la querella coincidieron en pedir la culpabilidad de los tres acusados, Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo, quienes eran dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) en aquel momento.

 

Para la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, y el procurador fiscal, Leonardo Cheuqueman, quedó acreditada "la materialidad de los hechos por parte de los imputados" y que a diferencia de Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo tuvieron una participación secundaria.

 

De todas maneras, la Fiscalía sostiene que los tres acusados "fueron conscientes de su accionar ilegal y sus consecuencias y que actuaron con libertad para llevar adelante sus conductas" y destacaron que resulta "poco creíble"  el traslado de los neumáticos con el fin de calefaccionar.

 

Asimismo, sostiene que tuvieron especial relevancia los testimonios de peritos policiales y de los bomberos. Dichos testigos, principalmente especialmente policías, que se vieron afectados por las consecuencias del espeso humo y las llamas. 

 

También, entre los testigos relevantes, destacaron las expresiones del periodista Augusto Rakijar, quien manifestó que se trataba de una situación de "trabajadores contra trabajadores" al referirse a las llamas avivadas por manifestantes que afectaban a policías que intentaban salvaguardar edificios públicos.

 

Las cubiertas

 

Por otro lado,  Fiscalía indicó que "los materiales que se vieron afectados como consecuencia del incendio, (mampostería, vidrios, perfiles de aluminio) fueron a consecuencia de un incendio de combustión libre, fuego sin control". 

 

"La evidencia indica que pocas cosas o materiales presentan tanta idoneidad para la propagación de un foco ígneo como lo es las cubiertas/neumáticos. Entre los componentes está el caucho sintético, altamente inflamable, un material utilizado para avivar y mantener el fuego de las llamas, es un agente eficaz de propagación de fuego, dada la magnitud que efectivamente alcanzaron las llamas del incendio", señaló. Además se resaltó que el humo generado es "altamente contaminante y se creó un peligro para la seguridad pública, y los imputados difícilmente pudieron ignorar. Existió un riesgo generalizado para los bienes y las personas"

 

Incendio, principal imputación

 


Para los investigadores "ha quedado acreditado a lo largo del debate que las conductas desplegadas por los imputados crearon un peligro común para los bienes y las personas que demanda la figura de incendio. La acción de los imputados, derivó en una situación de peligro concreto para el Edificio de la Legislatura y para todo el personal policial que, cumpliendo su función de evitar el ingreso de los manifestantes al interior del edificio, quedó expuesto a la inhalación monóxido de carbono, viendo afectada su salud, efectos que se manifestaron con tos, mareos, ardor de ojos, falta de aire, tal como quedó acreditado por los testigos en el debate".

 

Se consideró la magnitud de los daños acreditada por los testigos peritos profesionales en arquitectura e ingeniería, quienes dieron cuenta de los daños en la mampostería, vidrios, aberturas y mobiliario por efecto de las llamas y el calor. Además, se tuvieron en cuenta los efectos del espeso humo que ganó todos los rincones del acceso a la Legislatura y luego en la puerta dos de la Casa de Gobierno. En este caso se tuvo en cuenta las consecuencias que a posteriori causaron en los empleados y el normal funcionamiento de esos lugares.

 

Respecto de la Legislatura, el costo de los daños en ese edificio, fueron valuados en los 12 millones de pesos al 2019.

 

"Hubo intención"

 

Para la fiscal Florencia Gómez y su equipo existió el dolo o intencionalidad de provocar los delitos endilgados, ya que, entre otros aspectos, "fueron conscientes que el accionar que desplegaron y realizaron, era ilegal"

 

Respecto de la autoría, no solo es suficiente lo observado por los testigos que coincidieron en ver a Goodman trasladando y arrojando las cubiertas al fuego, sino también su propio reconocimiento de los hechos por los cuales fue llevado a juicio oral y público.  

 

Destacaron que en el juicio no quedó acreditado que Goodman haya actuado bajo «amenazas», tal como lo manifestaron los imputados y algunos testigos de la defensa considerados de dudosa credibilidad, teniendo en cuenta que se trata de delegados del mismo gremio que conducía Goodman.

 

Querellante Castro

 

La hipótesis acusatoria fue concreta, clara y precisa y a lo largo del debate fue debidamente acreditada», manifestó Martín Castro, el abogado querellante que representa al Estado provincial, la víctima y principal afectado por los hechos investigados.

 

Castro también hizo una síntesis de los hechos ocurridos sobre la base de los testigos relevantes, entre bomberos, peritos, profesionales de la medicina y policías afectadas por el fuego y el humo.  Consideró que se trató de un «incendio peligroso e incontrolable, únicamente controlable por personal y equipamiento idóneo».

 

Además, destacó los daños producidos, «que quedaron debidamente acreditados» por los testigos, ingenieros y arquitectos que se escucharon.  

 

La audiencia de debate, alegatos finales, se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la juez de garantías es Maria Tolmei, la fiscal Florencia Gómez, la querella a cargo de Martin Castro y los defensores son Sergio Miranda y Miguel Moyano de la defensa pública.

 

Fuente: Ministerio Público Fiscal Chubut.

 

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