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16 de Noviembre de 2025
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Jorge Sola exige a Milei priorizar una reforma tributaria antes que modificar la ley laboral

El cotitular de la CGT criticó que el Gobierno esté "invirtiendo el orden de prioridades" y alertó sobre la inconstitucionalidad de cualquier medida que busque debilitar las estructuras gremiales.

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La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei se perfila como uno de los debates más sensibles en la próxima agenda política argentina. En este contexto, Jorge Sola, uno de los nuevos cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que la central obrera no fue consultada aún, y sentenció que antes de modificar las leyes laborales, el Gobierno debe apuntar a una reforma tributaria.

 

Sola fue enfático al resaltar que la clave para fomentar la inversión productiva y el empleo en Argentina es una reforma tributaria que alivie la presión fiscal sobre las Pymes. Detalló que una pequeña empresa debe afrontar impuestos nacionales, provinciales y municipales que pueden representar entre el 30 y el 40% de sus ventas.

 

“El costo de los trabajadores es el costo salarial, básicamente es eso nada más. Creo que en este caso el gobierno está invirtiendo el orden de prioridades para generar inversión productiva. La resolución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria”, afirmó el sindicalista durante una entrevista en Radio Rivadavia.

 

Alerta Gremial por Falta de Consulta y Especificidad Sectorial

 

El cotitular de la CGT advirtió que hasta el momento solo existen “trascendidos” sobre el contenido del proyecto del Gobierno nacional, sin que se haya presentado un proyecto formal ni se haya convocado a empleadores y trabajadores a una mesa de discusión.

 

El dirigente explicó que la central sindical se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que la reforma avance sin la participación de quienes “tendrían las consecuencias de una ley, negativas o positivas”. Para Sola, ni los empleadores —representantes de la inversión productiva— ni los trabajadores fueron consultados de manera efectiva, lo que impide un tratamiento serio del tema.

 

Sola también fue crítico con el enfoque generalizado de la posible reforma: “Es un problema creer que una ley generalizada atraviesa a todas las actividades”. Sostuvo que cada sector requiere soluciones específicas, ya que las condiciones laborales en servicios, bancos y seguros difieren sustancialmente de las de la minería o la energía. Como ejemplo, mencionó que en el sector de servicios la jornada laboral es de siete horas, mientras que en la minería los trabajadores cumplen turnos de quince días consecutivos.

 

Modernización y Plazos Parlamentarios

 

El dirigente subrayó que los convenios colectivos ya incorporaron cambios significativos, como el trabajo a distancia y la inteligencia artificial en el sector de seguros, y que la modernización se viene dando de manera sectorial. Insistió en que el Estado debe estar presente en la mesa de discusión, actuando “de manera inteligente y eficaz, pero sin caer en la burocracia”.

 

Respecto a los plazos, Sola indicó que, según los trascendidos, el Gobierno podría presentar el proyecto en febrero, durante las sesiones extraordinarias del Congreso, una vez aprobado el presupuesto en diciembre. No obstante, advirtió que la discusión no debe limitarse al ámbito político, dado que la experiencia demuestra que la participación de los sectores afectados en las comisiones parlamentarias suele ser meramente formal y no incide en la redacción final de la ley.

 

Sola rechazó la idea de que la legislación laboral esté congelada en el pasado y recordó que los convenios se han modificado en función de las transformaciones del mercado, como la virtual desaparición del dinero físico en el sector financiero.

 

Empleo Crítico y Defensa de la Estructura Sindical

 

El cotitular de la CGT reconoció que la Argentina atraviesa una situación crítica de empleo, con 15 años de estancamiento en el empleo privado y una pérdida de 250 mil puestos de trabajo en los últimos dos años, lo que equivale al cierre de 18 mil pequeñas y medianas empresas.

 

Sobre el temor a los juicios laborales, Sola sostuvo que si el empleador cumple con sus obligaciones, no debería existir conflicto judicial, y que el trabajo no registrado constituye un delito.

 

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar los aportes obligatorios a los sindicatos, Sola advirtió que las declaraciones oficiales que apuntan a debilitar la representación de los trabajadores mediante la reducción de los recursos sindicales serían inconstitucionales. Enfatizó que el Pacto de San José de Costa Rica protege la acción gremial, asegurando que “Nada que vaya en contra del fortalecimiento de las estructuras gremiales es constitucional”. En cuanto a la fortaleza de la central, Sola aseguró que la CGT llega “fortalecida en la unidad” para negociar con el Gobierno.

T.B

 

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