Los familiares y miembros del Observatorio de Derechos Humanos denuncian prácticas invasivas durante las requisas a visitantes del Establecimiento de Ejecución Penal N°5 de Cipolletti. El reclamo apuntó a prácticas abusivas, denigrantes y abuso de poder, especialmente dirigidos hacia mujeres que visitan a los internos del penal.
Ana Calafat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos en declaraciones a Canal 7 explicó que las inspecciones vulneran los derechos básicos, que se contradicen con la normativa vigente. Indicó que la modificación de las requisas comenzó en agosto y derivó en múltiples problemas y denuncias.
La integrante del Observatorio de Derechos Humanos definió al nuevo sistema de requisa como “retrógrado” que involucra métodos intrusivos, degradantes y que constituyen una falta de respecto a la intimidad de la mujer. Comparó al sistema provincial con sus métodos antiguos con los scanner utilizados en Unidades Penitenciarias del resto del país, que no requieren una invasión en los cuerpos de los visitantes a los establecimientos.
“Las requisas no sólo desnudan a las mujeres y revisan sus partes íntimas, una situación denigrante. Incluso a las mujeres mayores de edad les hacen hacer sentadillas, por eso tanto en Cipolletti como en General Roca han salido descompuestas por la situación vivida” agregó Calafat.
El Observatorio de Derechos Humanos solicitó ingresar al Establecimiento de Ejecución Penal N°5 a raíz de conflictos entre internos y el personal, por la implementación del nuevo sistema de requisas, pero fue denegado su acceso al establecimiento.
El problema surgió en la Celda 3 del pabellón C cuando un grupo de internos se enfrentó a los guardias de seguridad y dos internos resultaron heridas leves. Uno de ellos fue trasladado al hospital para recibir asistencia médica.
Las denuncias también alcanzaron la revisión de niñas y niños durante las requisas, lo que contradice recomendaciones vigentes desde hace décadas en organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya observó a la Argentina en 1980 por prácticas similares y advirtió que los niños merecen una protección mayor y estas acciones afectan el derecho a la intimidad de las infancias.
“Han requisado a niños y niñas, algo que está completamente señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos comunicaron de un protocolo muy similar al de todos los establecimientos del país y no lo objetamos en absoluto. Pero pedimos que el protocolo se cumpla con la normativa vigente y con los tratados de derechos humanos, que el Estado está obligado en primer lugar” concluyó.