El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, concedió las apelaciones presentadas por su defensa y por el apoderado legal de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. El reclamo central es que 19 bienes a nombre de Máximo y Florencia se excluyan del decomiso cuyo monto total asciende a casi $684 mil millones. Con la habilitación de estos recursos, la Cámara Federal de Casación revisará la decisión del TOF2 que incluyó dichas propiedades en el decomiso ordenado.
Los jueces del TOF2 —Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso— remarcaron en su resolución que, si bien consideran que el monto de decomiso y su actualización en $684.990.350.139,86 está firme y en etapa de ejecución, habilitaron las apelaciones para que Casación resuelva si confirma la inclusión de los 19 bienes en dicho decomiso.
Decomiso y argumentos de la defensa
La decisión de incluir los bienes llega cuestionada por la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, y por el apoderado legal de sus dos hijos, Luis Goldin, quienes argumentan que Máximo y Florencia no estuvieron involucrados en el caso Vialidad.
Los defensores de CFK sostuvieron que la resolución del 18 de noviembre pasado sobre las 19 propiedades de Máximo y Florencia "importó una contradicción" a decisiones previas del Tribunal y la Cámara de Casación, y el "avasallamiento de lo legalmente establecido" en la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
Por su parte, el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó "arbitrariedad, lesión del derecho de propiedad" y del "principio de inocencia y del debido proceso". Goldin sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso para extenderlo a bienes lícitos de terceros, desconociendo la naturaleza sucesoria de aquellos, sin probar su relación con el delito y contrariando la prohibición de confiscación.
La resolución del TOF2, al conceder los recursos, resumió el planteo al señalar que la decisión anterior habilitó un "modelo de decomiso amplio" y un "decomiso por valor equivalente" no previstos en la ley porque proyectó "la sanción sobre bienes de origen lícito, ajenos al hecho enjuiciado y obtenidos por actos sucesorios y de cesión regularmente acreditados".
Próximos pasos y bienes involucrados
La ex presidenta y sus hijos solicitaron a Casación que excluya del decomiso los bienes titularidad de Máximo y Florencia y, en caso de no obtener una resolución favorable, anticiparon la intención de llegar hasta la Corte Suprema y también a organismos internacionales.
El Tribunal concedió las apelaciones y dispuso "tener presente para su oportunidad" el pedido de suspensión del decomiso, indicando que las únicas diligencias pendientes son administrativas y "carecen de aptitud para ocasionar un gravamen actual".
Los bienes en juego son propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y en El Calafate que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner. La orden de decomiso inicial, dictada el 18 de noviembre, alcanzó a bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, así como de las empresas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, y Loscalzo y Del Curto SRL.
La Fiscalía individualizó inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, período relevante para la maniobra delictiva. Si los bienes sujetos a decomiso no resultan suficientes para cubrir el monto total de la pena, se avanzará sobre propiedades de los restantes condenados, entre ellos Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich. El ex titular de Vialidad Nacional Periotti y el de Santa Cruz Pavesi también recurrieron la decisión ante Casación.
T.B