María Isabel Riquez Bark dialogó con Red43 sobre la demora en la reglamentación de la Ley N.º 790, conocida como Ley Salomé, que "garantiza el acceso seguro al cannabis medicinal y sus derivados, y también la producción de cáñamo industrial en la provincia. Fue sancionada el 26 de septiembre en la Legislatura por unanimidad", comenta Riquez Bark.
Entre los puntos clave, la norma crea un registro de usuarios de cannabis medicinal de Chubut, que incluye categorías como cultivador, cultivador solidario, de terceros o allegados, y también contempla la posibilidad de ceder el cultivo a una ONG. Además, prevé la creación de una agencia regulatoria dependiente del Ministerio de Producción y del Ministerio de Seguridad.
Riquez Bark resalta que, desde sus inicios, la ley contó con el respaldo y la ayuda del actual gobernador de la provincia, Ignacio Torres y fue impulsada en la Legislatura por la diputada Jacqueline Caminoa, del mismo bloque político.
Sin embargo, a más de 50 días de su publicación en el Boletín Oficial, la reglamentación continúa sin avances. “La Ley tendría que haberse promulgado 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial”, denunció Riquez Bark, quien señaló que la Secretaría de Salud es el área en la que está trabado el proceso.
Desde la Secretaría de Salud les facilitaron el borrador del anteproyecto reglamentario, lo que hoy constituiría la reglamentación, no obstante, "desde ese día no tenemos más novedades”, expresó.
La falta de reglamentación tiene un impacto directo en los pacientes como consecuencia. “No está siendo fácil acceder a un tratamiento continuo. El Estado no está garantizando la continuidad de los tratamientos”, advirtió. En la práctica, son las organizaciones sociales las que están sosteniendo los tratamientos y acompañando a los pacientes.
“Para quienes necesitan esta ley, la vida está en mora y en espera. Tienen que recurrir al mercado ilegal”, señaló. Ese fue uno de los motivos centrales por los que se impulsó esta ley: evitar la criminalización, garantizar la transparencia de los procesos y brindar un marco legal seguro.
Según indicó, si el Estado interviniera, los pacientes podrían acceder al producto en farmacias mediante el carnet de REPROCANN o del Registro de Usuarios de la Provincia, sin mayores complicaciones.
“Les pediría empatía con la gente que no puede acceder a un tratamiento que el Estado tiene que garantizar”, subrayó Riquez Bark. Finalmente, reiteró el pedido de respuestas urgentes a las autoridades provinciales para que la Ley Salomé comience a aplicarse y los derechos reconocidos dejen de estar solo en el papel.
R.G.