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22 de Junio de 2025
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El Gobierno amplía facultades policiales y la oposición advierte sobre riesgos

El Ejecutivo nacional oficializó cambios en el estatuto de la PFA a través de un decreto que otorga más facultades a la fuerza, incluso en espacios digitales y sin autorización judicial. La oposición reaccionó con denuncias y advertencias. 

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Con una presentación encabezada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei, el Gobierno anunció esta semana la mayor modificación al estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) en años. Lo hizo mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 383/2025, que además establece la creación del nuevo Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

 

El cambio generó una inmediata reacción política y judicial: desde la oposición en la Cámara de Diputados ya se presentaron proyectos para derogar el decreto y se iniciaron acciones legales, al considerar que la iniciativa excede las facultades delegadas por el Congreso.

 

Entre las modificaciones principales, el decreto redefine el perfil institucional de la PFA, modifica escalafones internos y crea programas presupuestarios específicos. Pero el punto más controvertido está en el artículo 6°, que amplía las competencias de la fuerza: permite realizar tareas de prevención en espacios públicos digitales, incluidas redes sociales, efectuar requisas en lugares de libre acceso sin orden judicial, y detener personas si existen “circunstancias fundadas” que hagan presumir un delito.

 

Estas atribuciones, que no requieren autorización judicial previa, fueron criticadas por organismos de derechos humanos y sectores opositores, que consideran que representan un avance sobre las garantías constitucionales.

 

Desde el oficialismo, las voces respaldaron con firmeza la medida. Sin embargo, desde la oposición llegaron duras críticas. La exministra de Seguridad Sabina Frederic consideró que la reforma no apunta a una fuerza moderna y especializada, sino a fortalecer una policía con rasgos “cuasi ilegales”. 

 

En sintonía, el diputado Fernando Carbajal anunció que llevará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que el decreto configura una “violación grave e inminente” a los derechos humanos. 

 

Pese a que el DNU ya está en vigor, su impacto empieza a ser evaluado por el Poder Judicial. Mientras tanto, el Congreso se prepara para un debate complicado.

 

 

R.G.

 

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