El Tribunal Unipersonal, a cargo del juez Martín O’Connor, condenó al gasista matriculado Juan Manuel Cottet a dos años y seis meses de prisión en suspenso y a una inhabilitación por igual plazo para ejercer su oficio, tras comprobar su responsabilidad en la intoxicación masiva por monóxido de carbono ocurrida en junio de 2022 en escuelas de El Maitén.
El caso
Los hechos ocurrieron entre mayo y junio de 2022, cuando Juan Manuel Cottet, junto con Carlos Jorge Jordi, realizó tareas de mantenimiento, refacción e instalación en las escuelas primaria N° 93 y secundaria N° 7719, ubicadas en un mismo edificio en el paraje Buenos Aires Chico, El Maitén.
Entre las labores realizadas, la más importante para el caso fue la instalación de una caldera nueva en el edificio. Sin embargo, esta instalación se efectuó sin aviso formal ni habilitación por parte de la empresa Camuzzi, incumpliendo las normativas vigentes.
El 22 de junio de 2022, tras la puesta en marcha de la caldera, 74 alumnos y tres docentes resultaron intoxicados por monóxido de carbono. El juez concluyó, tras analizar las pruebas y la convención probatoria, que la intoxicación fue consecuencia directa de la instalación defectuosa de la caldera realizada por Cottet y su asistente.
Diferencias en la interpretación jurídica
Mientras que la Fiscalía, representada por Débora Barrionuevo, sostuvo que el gasista incumplió reglamentos fundamentales y por eso debía ser responsabilizado, la defensa argumentó que el escape de gases se debió a que la obra estaba inconclusa y que el responsable real fue quien encendió la caldera.
El juez Martín O’Connor avaló el planteo de la Fiscalía y aplicó la teoría de la imputación objetiva, que establece que en la sociedad moderna, con altos estándares tecnológicos y riesgos asociados, el incumplimiento de normas técnicas y legales en actividades peligrosas debe ser imputado al responsable, en este caso, el gasista.
Responsabilidad y consecuencias
Cottet fue declarado culpable del delito de lesiones leves culposas por haber elevado el nivel de riesgo propio de su trabajo por encima de lo permitido. Por ello, recibió una pena de prisión en suspenso y una inhabilitación para ejercer su oficio durante dos años y seis meses.
O.P