Tras cuatro días de audiencias, concluyó la etapa de acusaciones en el juicio oral por la toma de una parcela dentro del Parque Nacional Los Alerces, ocurrida en enero de 2020. El principal acusado es Cruz Cárdenas, quien se identifica como miembro del pueblo mapuche. También está imputada su pareja, María Belén Salinas.
El debate se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el juez Enrique Baronetto, e incluye delitos como usurpación por despojo, daño agravado, lesiones en grado de tentativa y atentado e intimidación a la autoridad.
Durante las audiencias prestaron declaración numerosos testigos, entre ellos guardaparques, residentes de la zona, peritos y representantes de comunidades indígenas. Según la acusación, la pareja se instaló ilegalmente en el área protegida, bloqueando el ingreso del personal de Parques Nacionales y participando en hechos de violencia.
Uno de los incidentes más graves denunciados fue el ataque a una guardaparque, quien aseguró haber sido agredida por los imputados y otras personas encapuchadas en medio del incendio de un puente dentro del parque, en la zona de Arroyo Cascada.
La querella, representada por la abogada Natalia Cardozo, actúa en nombre de la Administración de Parques Nacionales y de la trabajadora agredida. Cardozo sostuvo que, más allá de la ocupación ilegal, hubo una clara intención de intimidar y agredir a funcionarios públicos en ejercicio de su deber.
Por su parte, el fiscal federal Mariano Sánchez pidió tres años de prisión en suspenso para Salinas, a quien responsabilizó como coautora de daño agravado. En el caso de Cárdenas, solicitó una condena de seis años de prisión efectiva, por su rol en los delitos de usurpación, daño agravado y atentado a la autoridad.
La querella fue más allá y reclamó una pena de siete años de prisión para Cárdenas, argumentando la “gravedad y violencia” de los hechos.
La defensa de ambos acusados está a cargo de tres abogados de la Asociación Gremial de Abogados, con sede en Buenos Aires, quienes expondrán sus alegatos la próxima semana, antes de que los imputados puedan ejercer su derecho a las últimas palabras.
Luego de esa instancia, el tribunal quedará en condiciones de dictar sentencia en un caso que combina elementos del derecho penal con el conflicto por la ocupación de tierras en áreas protegidas por el Estado.
R.G.