Cada 15 de febrero, el Día Internacional del Cáncer Infantil pone de relieve una realidad mixta en Argentina. Con un promedio de 1.400 diagnósticos anuales y una supervivencia del 70%, el país se posiciona como un referente regional. Sin embargo, la efectividad clínica depende de una variable crítica: el tiempo. Especialistas advierten que síntomas como dolores óseos, hematomas o fiebre prolongada deben derivar en un diagnóstico inmediato, ya que la celeridad en el inicio de los protocolos es, en muchos casos, la diferencia entre la curación y las complicaciones crónicas.
En el aspecto normativo, la Ley Nacional 27.674 de Oncopediatría es el pilar que debería asegurar la gratuidad total en tratamientos, traslados y apoyo económico. No obstante, en la práctica, el cumplimiento de esta ley enfrenta obstáculos significativos en 2026. Organizaciones de la sociedad civil denuncian que la burocratización en la entrega de drogas de alta complejidad y las dificultades en el acceso a subsidios de vivienda para familias derivadas representan una barrera crítica. Esta situación se agrava en el interior del país, donde la falta de centros de alta complejidad obliga a traslados que la ley debe cubrir, pero que a menudo se ven demorados por auditorías administrativas de las obras sociales o falta de fondos presupuestarios.
El sistema público, liderado por el Hospital Garrahan, sostiene la mayor parte de la demanda oncológica pediátrica del país con un enfoque integral que incluye educación hospitalaria y soporte psicológico. Aun así, el debate actual en el Congreso y en las legislaturas provinciales gira en torno a la necesidad de federalizar los recursos. No basta con tener la ley sancionada; el reclamo vigente apunta a que el Estado garantice que las partidas presupuestarias para el Instituto Nacional del Cáncer sean ininterrumpidas, evitando que las familias deban recurrir a recursos de amparo para acceder a una medicación que, por derecho, ya les pertenece.
La conmemoración de este 15 de febrero no solo busca celebrar los avances de la ciencia médica, sino también auditar el cumplimiento de una política de Estado que, si bien es de avanzada en los papeles, aún presenta deudas operativas con los pacientes más vulnerables. La equidad en el acceso, independientemente del código postal del paciente, sigue siendo la principal reforma pendiente para que la Ley Oncopediátrica sea una realidad efectiva en todo el territorio nacional.
En Chubut, si bien la adhesión a la Ley Nacional mediante la Ley I N° 753 representa un avance en derechos, el desafío operativo persiste. Para las familias de la cordillera, la derivación sigue siendo el momento de mayor incertidumbre. Organizaciones locales enfatizan que la gratuidad en traslados y el acceso a medicación de alta complejidad no deben ser trámites burocráticos, sino garantías inmediatas, especialmente en una provincia donde las distancias geográficas juegan un rol determinante en la salud de los más chicos.
E.B.W.