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03 de Febrero de 2026
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El oficialismo acelera el paso en el Congreso para aprobar las reformas laboral y penal juvenil

La Casa Rosada intensifica el diálogo con gobernadores y bloques aliados con el objetivo de sesionar en febrero y obtener media sanción para leyes que consideran pilares de su programa de gobierno.

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Tras el receso de enero, el Gobierno Nacional ha decidido imprimirle una velocidad renovada a la actividad legislativa mediante una serie de negociaciones estratégicas que buscan destrabar proyectos fundamentales para su gestión. En el ámbito del Senado, la estrategia oficialista se concentra actualmente en obtener la aprobación de la reforma laboral para mediados de febrero. Para alcanzar este objetivo, se han multiplicado los encuentros entre figuras clave del Ejecutivo, como la ministra Patricia Bullrich, y los representantes del radicalismo junto a diversos gobernadores provinciales que mantienen una postura dialoguista. Estos diálogos intentan acercar posiciones sobre puntos que generan fricción, tales como la obligatoriedad de las cuotas sindicales, la vigencia de la ultraactividad en los convenios colectivos y la reducción de las contribuciones patronales.

 

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se reactiva la conformación de las comisiones de Familia y de Justicia para tratar el nuevo régimen penal juvenil. El punto central de esta iniciativa es la baja en la edad de imputabilidad, donde el oficialismo pretende establecer el límite en los trece años, basándose en la necesidad de actualizar una normativa que data de hace décadas. Aunque el presidente de la Cámara, Martín Menem, proyecta llevar este debate al recinto hacia finales de mes, todavía resta pulir los detalles técnicos y asegurar el acompañamiento de bloques aliados como el PRO y sectores de la UCR, quienes en algunos casos sugieren fijar el límite en los catorce años.

 

La dinámica del Congreso se completa con una agenda que incluye discusiones sobre el acuerdo comercial con la Unión Europea y posibles modificaciones en la normativa minera para fomentar inversiones. En paralelo, la resistencia sindical comienza a organizarse con reuniones de gremios industriales que cuestionan el alcance de la flexibilización propuesta. El éxito de este paquete de reformas dependerá de la capacidad del oficialismo para equilibrar las exigencias fiscales de las provincias con las demandas de modernización del sistema laboral y de seguridad que impulsa la gestión central.

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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