En una decisión considerada histórica, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York dejó sin efecto el fallo de primera instancia que condenaba a la Argentina por la expropiación de YPF, en un juicio que llevaba más de una década.
La resolución implica un giro total en el caso, ya que revoca la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, quien había ordenado al país pagar más de USD 16.000 millones. Según confirmaron fuentes oficiales en Buenos Aires y Washington, el tribunal estadounidense hizo lugar a la apelación argentina.
En su fallo, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson señalaron que las demandas por incumplimiento de contrato contra el Estado argentino no son admisibles bajo la legislación nacional. Además, ratificaron la desestimación de los reclamos contra YPF y ordenaron devolver el expediente a instancias inferiores para continuar con el proceso conforme a este nuevo criterio.
El tribunal también concluyó que las acciones presentadas por los accionistas carecen de sustento legal, lo que representa un duro golpe para los demandantes. Este litigio era el más importante que enfrentaba la Argentina en el exterior y uno de los mayores en la historia de Estados Unidos contra un país soberano.
En las últimas semanas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había respaldado la postura argentina, lo que anticipaba un escenario favorable que finalmente se concretó con este fallo.
El principal afectado por la decisión es el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos del litigio y había obtenido ganancias millonarias mediante la venta de participaciones en la demanda. Tras conocerse la resolución, sus acciones registraron una fuerte caída superior al 40%, reduciendo significativamente su valor de mercado.
Por su parte, las acciones de YPF reaccionaron en alza, con una suba cercana al 3%, luego de confirmarse además que la petrolera queda fuera del proceso judicial.
Desde el Gobierno nacional celebraron la decisión. El presidente Javier Milei calificó el fallo como “el mejor escenario posible” y sostuvo que implica que el país “no debe pagar nada” de la suma reclamada. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el trabajo del equipo legal y aseguró que se resistieron a acuerdos extrajudiciales durante el proceso.
El juicio atravesó distintas gestiones presidenciales y fue llevado adelante por la Procuración del Tesoro. Con esta resolución, también quedarían sin efecto las demandas vinculadas al fallo original, que habían sido suspendidas a la espera de esta definición.
Tras la audiencia realizada en octubre pasado, el Gobierno ya se mostraba optimista respecto al resultado. Finalmente, la Cámara optó por el escenario más favorable para el país: la revocación total del fallo de primera instancia.
R.G.