La Fiscal Jefa María Bottini decidió confirmar el archivo de la investigación iniciada a partir de la denuncia de la Comunidad Nahuelpan tras analizar informes científicos y legales recientes. El nudo del conflicto radicaba en la presencia de sustancias como níquel, cobalto e hidrocarburos en el suelo y el agua, pero los estudios realizados en 2024 brindaron un panorama de claridad para la justicia local.
Las muestras analizadas por el Laboratorio IACA de Bahía Blanca, con participación de peritos de la Fiscalía y la querella, determinaron que los valores actuales se encuentran dentro de los límites legales. Según la resolución, esto se denomina bajo el concepto de riesgo permitido, lo que significa que la concentración de sustancias es tan baja que no representa un peligro real para la salud humana o el medio ambiente según la normativa vigente.
Respecto a la diferencia entre las sospechas iniciales y la existencia de un delito, la fiscal sostuvo que para que exista un delito ambiental no basta con que algo esté sucio, sino que debe haber un peligro concreto para la salud pública. Al confirmarse que en 2024 los niveles son normales, se consideró que no hay bases sólidas para formalizar una investigación penal.
"Para formalizar una investigación penal no basta con una sospecha o una denuncia. Se necesitan ciertas bases sólidas, en primer lugar, evidencias claras de que se estaría frente a un delito", sostuvo Bottini en los fundamentos de su decisión. Además, la funcionaria remarcó que la justicia penal no puede actuar sobre fotos viejas si la realidad actual muestra que no hay peligro.
E.B.W.