El perro Manija, un mestizo de 12 años, junto a las perras Samy y Lupe, fallecieron tras consumir chorizos impregnados con carbofurán, una sustancia cuya comercialización y uso están prohibidos en Argentina y la Unión Europea desde 2018. Los animales sufrieron una dolorosa agonía, ya que el químico ataca gravemente el sistema digestivo y nervioso.
Alan Martini, dueño de Manija, encontró a su mascota sin vida a 500 metros de su casa junto a restos del cebo tóxico. Por su parte, Mauro Díaz, propietario de Lupe y Samy, había perdido contacto con sus animales el 28 de febrero. La investigación determinó que, debido a su contextura, Samy fue la primera en morir, mientras que Manija resistió un poco más.
El caso quedó en manos de la fiscal Florencia Gómez, titular de la Unidad Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales. La hipótesis fiscal es que el imputado, Carlos Roberto Rivas, arrojó intencionalmente la carne tóxica, representando un peligro extremo para el ambiente y la salud pública, dado que el carbofurán es letal incluso por contacto cutáneo o inhalación.
La fiscalía vincula a Rivas al episodio mediante grabaciones de cámaras de seguridad de la ruta 7 y del ingreso al barrio, el registro de antenas de telefonía y el reconocimiento directo de los dueños, quienes identificaron al sospechoso por su ropa, su boina, su bigote y su contextura física. Según la fiscalía, se hallaron muestras de la alta concentración del tóxico en el baldío, donde incluso se encontraron moscas muertas por el químico.
El defensor público Pablo Sánchez, quien representa a Rivas, solicitó el sobreseimiento de su defendido. Sus argumentos principales incluyen la falta de un "nexo causal" directo que vincule al acusado con la muerte de los canes y el hecho de que los allanamientos en las propiedades de Rivas arrojaron resultados negativos.
Sánchez sostiene que, en las grabaciones, Rivas solo aparece arrojando un objeto pequeño que correspondería a un trozo de manguera de caucho y no carne. Asimismo, cuestionó que existan sobras de cebo si tres animales grandes lo consumieron, sugiriendo que la investigación no exploró otras cámaras de seguridad del barrio que podrían ofrecer una versión distinta de los hechos.
Romano Cominetti, abogado querellante, desestimó los planteos de la defensa y sugirió que los allanamientos fracasaron porque el imputado habría hecho desaparecer las sustancias químicas. "Sabemos quién es y cómo lo hizo", afirmó, añadiendo que existen mensajes guardados que serán presentados en el juicio.
La causa, caratulada bajo "maltrato y actos de crueldad con los animales en concurso con utilización de sustancias peligrosas", podría marcar un precedente judicial. Mientras la fiscalía solicita 4 años de prisión, la querella eleva el pedido a 5 años y 3 meses, quedando ahora la decisión final en manos de la jueza María Laura Martini.