La diputada Florencia Papaiani quiere que los funcionarios se hagan estudios toxicológicos

En la sesión de ingresos de la Legisaltura de ayer, los diputados de los distintos bloques se pusieron a tono con la cumbre antinarcotráfico que, convocada por el gobernador, se realizará hoy, a partir de las 11, en el hotel Rayentray de Puerto Madryn. La diputada por el Frente para la Victoria, Florencia Papaiani, presentó un proyecto de ley por el que promueve la creación del programa de lucha, detención y tratamiento de la drogadicción en el ámbito estatal, que es igual al puesto a consideración por el entonces bloque del PJ en el año 2012.Papaiani recordó ayer a Radio Del Mar que el proyecto en 2012 “no fue tratado” y afirmó: “aprovechando la invitación del gobernador en esta causa muy noble creemos que es necesario volver a poner el tema sobre la mesa. Tenemos la posibilidad de luchar contra este flagelo, debemos demostrar que no tenemos ningún condicionamiento y a eso apunta el proyecto que será discutido en las comisiones”, resaltó. La legisladora dejó en claro que no se busca perseguir a nadie ni poner un manto de sospecha “pero deberán dar un paso al costado aquellos funcionarios que trabajen en sectores sociales vinculados a esta problemática ya sea cualquiera de los tres poderes” y que el objetivo “no es sólo la detección de tales sustancias sino el tratamiento y superación de dicho consumo”. El bloque de Cambiemos propuso la adhesión de Chubut a la Ley Nacional de Estupefacientes para tener competencia en actuación en algunos delitos, propició la creación de un Registro de Procesos Penales Sobreseídos por Prescripción, e impulsaron modificaciones al Código Procesal Penal. La adhesión a la Ley de Estupefacientes, elaborada por los diputados Jacqueline Caminoa, Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni, busca que la Provincia adhiera a la legislación que “establece las penas, dentro del Código Penal, de tal manera que transfiere la investigación en causas menores a la Justicia provincial y la Nación se obliga a transferir recursos para el servicio de investigación y Justicia”, explicó Pagliaroni.Respecto a la creación del Registro de causas archivadas o sobreseimientos, la iniciativa prevé que la Provincia lo cree para “procesos que no tuvieron sentencia por vencimiento de los plazos de prescripción o de investigación. Es una obligación del Ministerio Público Fiscal informar al ministro de Gobierno, que es quien lo llevará a la práctica”, se agregó. Acerca de las modificaciones al Código Procesal Penal, las mismas apuntan a eliminar el principio del carácter excepcional de las medidas restrictivas de la libertad, como espíritu de la norma; así como a aumentar el plazo de la duración del proceso, en su totalidad, pasando de 3 a 5 años, entre otros aportes. Además de los ingresos, en la sesión de ayer se sancionó un proyecto de resolución, presentado sobre tablas por el diputado Blas Meza Evans (FpV) por el cual se rechazó el otorgamiento de una prórroga de treinta días que el Poder Ejecutivo había solicitado para contestar distintos pedidos de informes. La prórroga sí se aceptó, atento a la complejidad del tema, respecto al requerimiento parlamentario formulado por resolución Nº 62/16 HL, al Ministerio de Coordinación de Gabinete por la que se recabó información sobre las deudas que posee la Provincia con la distribuidora eléctrica CAMMESA, discriminado por cooperativas y/o prestatarias del servicio eléctrico en todo el ámbito provincial.