El Asesor Legal de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Dr. Alejandro Castillo, dialogó con Red43 sobre la denuncia que presentó una empleada del Área de Salud contra de una de las máximas autoridades del Área Programática Esquel.
Se trata de dos altos funcionarios del Área a quienes denunciarían penalmente por incumplimiento en los deberes de funcionario público, y abuso de autoridad.
Castillo lamentó que en los tiempos que están corriendo con la pandemia que nos afecta a todos, "no se si es una conducta nueva o las denuncias que hicieron las trabajadoras del Servicio de Tomografía alentaron a denunciar estas conductas que son bastantes comunes en ámbitos del Ministerio de Salud".
Y relató que hace algunas semanas "una compañera presentó una denuncia de hostigamiento de parte de las máximas autoridades de salud de nuestra región".
En este sentido, Castillo indicó que a la trabajadora le llegó "de un día para el otro" un pase al sector de compras del Hospital, "el mismo no había sido solicitado, dado que ella formaba parte del equipo de contingencia para casos Covid y estaba a gusto con su trabajo".
Y continuó manifestando que, ese pase fue una consecuencia de un pedido que se le hizo de manera informal para pasarla a otro sector, "ella se negó y se dispuso el acto administrativo de forma arbitraria".
Además, le llegó una sanción por "no dar cumplimiento a un acto administrativo anterior que la separaba de la tarea que realizaba".
Desde el gremio acompañarán a la trabajadora tratando de solucionar la situación de tres formas:
"En lo administrativo con un recursos jerárquico que será resulto por el Ministro de Salud, Fabián Puratich; además, vamos a interponer una denuncia penal donde imputaremos el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por abuso de autoridad y estamos pensando en llevar adelante algún tipo de actividad procesal en la justicia laboral solicitando el cese de este hostigamiento", confirmó Castillo.
"Esta empleada se vio en la necesidad de acudir a la ayuda psicológica y está en una situación de vulneración a su integridad psíquica. Algo que hubiera sido evitable si los funcionarios tuvieran un mínimo de responsabilidad para definir situaciones", concluyó el Asesor Legal de ATE.