La intervención del Instituto de Seguridad Social y Seguros (Seros) de la provincia hizo mucho ruido. Como se sabe lo dispuso el gobernador Ignacio Torres y después fue ratificada en una conferencia de prensa realizada por el vicegobernador Gustavo Menna. Inmediatamente, APEL, el sindicato que agrupa a los empleados de la Legislatura provincial salió a despegarse de algunas denuncias, criticando a Menna y diciendo entre otras cosas que “estas situaciones se pueden arreglar en casa”.
Pero más allá de la denuncia por el tema de aportes que generaron una millonaria pérdida en perjuicio de los jubilados estatales, en el último Boletín Oficial se detallan las razones que motivaron la drástica determinación de la intervención que en principio se extenderá por tres meses
“En el informe presentado al Poder Ejecutivo por el interventor del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut se denuncian e informan irregularidades graves en el funcionamiento del organismo”, detalló el informe publicado.
Entre los hechos denunciados se encuentra la creación de un plazo fijo millonario en una entidad bancaria privada, sin utilizar el Banco del Chubut SA, lo cual se habría realizado para evitar el control del Ministerio de Economía. “El plazo fijo en cuestión se realizó con fondos previsionales, resultando incompatible con la situación deficitaria de la caja previsional, a lo cual se suma la prohibición legal de invertir el 100% de los fondos en un ente privado”.
Otro motivo que llevó a la intervención del organismo que condujo Alfredo Prior es la denuncia de “la existencia de pagos de horas extras sin justificación, lo que generó pagos en estos conceptos por más de 40 millones de pesos en los últimos seis meses, así como un desmanejo de personal y de gastos en la Delegación del ISSYS de Comodoro Rivadavia”.
En este sentido, se informan compras puntuales realizadas a las ofertas más caras; o en exceso de las cantidades que se necesitaban, así como también “el ingreso a la Planta Permanente de la agencia de Rada Tilly de la hija del anterior presidente de este ente autárquico, sin concurso de antecedentes, ni justificación en especialidad”.
Según consta en el Boletín Oficial, “las gravísimas irregularidades descriptas en los considerandos anteriores fueron detectadas en dos semanas de gestión”, por lo que se sospecha que podrían encontrarse con otras anomalías más grandes.
La intervención, entonces, se realiza “en aras de regularizar el funcionamiento del Instituto de Seguridad Social y Seguros y preservar los intereses de los jubilados y afiliados al mismo”.
A partir de ahora, se realizará una auditoría integral del ISSyS, mientras se dejarán sin efecto pagos y contrataciones irregulares y se ordenará el personal del ente público. Una intervención que hizo ruido pero que, evidentemente promete mucho más.