El fiscal general, Carlos Díaz Mayer, anunció su intención de presentar una solicitud ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia para que se designe un nuevo juez que revise la sentencia de nueve años de prisión dictada contra un hombre condenado por abusar sexualmente, en dos ocasiones en el mismo día, de una adolescente de 14 años.
En el marco del caso, los acusadores expresaron su desacuerdo con la pena impuesta, considerando que es insuficiente dada la gravedad de los delitos. Durante el debate de cesura de pena, los fiscales habían solicitado una condena de 20 años de prisión, argumentando que el castigo debía reflejar la magnitud del daño causado y el contexto de violencia contra la mujer.
La solicitud del fiscal general buscará que se declare no válida la actual cesura de pena y se designe un nuevo juez que revise todos los elementos presentados por las partes involucradas. Según Díaz Mayer, la finalidad de esta solicitud es asegurar que la sentencia sea "debidamente fundamentada y carente de vicios". En palabras del fiscal, “lo hacemos con las formalidades legales racionales y necesarias, con el objetivo de que se dicte una sentencia condenatoria que cumpla con los estándares de justicia y equidad”.
El artículo 119 del Código Penal establece penas que oscilan entre 6 y 30 años de prisión para delitos de abuso sexual agravado con acceso carnal, dependiendo de la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso. La condena de 9 años impuesta por la jueza Silvana Vélez fue cuestionada por los fiscales, quienes consideran que no refleja adecuadamente la severidad del abuso, ocurrido en junio de 2020.
Los abusos, que involucraron a la adolescente en dos ocasiones durante el mismo día, fueron calificados por los fiscales como un hecho grave, destacando el daño prolongado y la naturaleza violenta de los actos. La defensa del acusado, por su parte, argumentó que la falta de antecedentes penales del imputado, su analfabetismo y su difícil infancia deberían ser considerados atenuantes, solicitando así una pena de siete años de prisión.
La jueza Vélez, al justificar su fallo, subrayó el impacto del analfabetismo en el acusado y el objetivo principal de la pena, que es la resocialización del condenado. Sin embargo, también señaló que las condiciones carcelarias actuales complican este proceso.
O.P