La secretaria Gremial de la Asociación Docentes Universitarios (ADU), Verónica Botto, remarcó la importancia de la nueva ley de financiamiento universitario, que promete garantizar un piso mínimo de financiamiento para las universidades y asegurar su funcionamiento.
Principales aspectos de la ley
En diálogo con Red43, Verónica Botto explicó que la ley introduce medidas importantes para la universidad, como la asignación del 85% del presupuesto a salarios y el 15% restante a gastos. Esta distribución es fundamental para mantener el funcionamiento integral de las instituciones, que va más allá de las actividades académicas, incluyendo la administración y otros servicios.
La ley también establece actualizaciones trimestrales del presupuesto basadas en el índice de inflación, tanto para gastos como para salarios. Esto permitirá que el presupuesto se ajuste a las realidades económicas y evitará el desfasaje que hubo en años anteriores. Además, se fija un límite en las paritarias docentes, garantizando que los aumentos salariales no sean inferiores a la inflación, lo cual proporciona una banda de seguridad para el personal académico y no académico.
Pese a los avances que la ley representa, Verónica Botto expresó su preocupación ante la posibilidad de un veto por parte del gobierno, como ya se anunció.
La comunidad universitaria está movilizada, realizando medidas de fuerza para defender la ley y presionar por una solución favorable. Las protestas incluyen paros y marchas, y registran un apoyo importante por parte de la comunidad académica y estudiantil.
La Dra. Susana Rizzuto, delegada académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, remarcó que la ley es fundamental para la federalización de la educación, la ciencia y tecnología. La falta de financiamiento adecuado podría poner en riesgo la existencia de universidades en territorios alejados, como la provincia de Chubut, limitando el acceso a la educación superior a los estudiantes de áreas más remotas. Este riesgo contradice el objetivo de garantizar que la educación pública sea accesible para todos, sin importar su ubicación geográfica o situación económica.
La Dra. Rizzuto hizo un llamado a la coherencia del gobierno nacional, destacando que, si realmente se valora la educación pública, deben garantizarse los fondos necesarios para su funcionamiento.
O.P