La Procuradora Fiscal de Esquel, Cecilia Bagnato, brindó un resumen de la compleja situación que enfrenta Monte Bianco, un área que estuvo en el centro de varias disputas relacionadas con la tala de bosques y los permisos de aprovechamiento del refugio. En diálogo con Red43, Bagnato detalló la intervención de Fiscalía para resolver los conflictos que hay en esta zona.
La controversia comenzó con la condena del empresario Luigi Giacomo Simeoni, previamente adjudicatario del lugar, por la tala ilegal de bosques. Esta persona, que contaba con un contrato de comodato con el municipio, fue sancionada por esta y otras infracciones. Actualmente, el foco se desplazó hacia el uso y gestión del refugio en la parte más alta del Cerro, que es propiedad del municipio.
Bagnato explicó que, tras la condena, se observó un acceso no formal al refugio por parte de nuevas personas, a pesar de que el municipio informó que no se otorgaron nuevos contratos ni renovaciones al anterior adjudicatario. Esta falta de claridad llevó a una serie de conflictos entre diferentes grupos de pobladores, que incluyen amenazas y denuncias de usurpación.
"La información que yo tengo desde el municipio es que no ha habido otros adjudicatarios; ni se le renovó a Simeoni, ni se le dio a otras personas. Lo que ocurre en ese lugar, en la zona del cerro La Torta, es que hay personas que son pobladores originarios, que tienen su permiso de ocupación del IAC, hay otras personas que tienen su título, hay personas que están ocupando si tener la anuencia del IAC también; entonces la Fiscalía intervino por una cuestión de mantener la paz social. Hay amenazas entre ellos, denuncias de usurpación; todas cuestiones que tratamos de evitar. Se han realizado unos cinco legajos de investigación en relación a situaciones conflictivas"
En una reunión con representantes del Instituto Autárquico de Colonización (IAC), el municipio, y el Concejo Deliberante, se acordó que cada parte tomará las medidas necesarias para resolver los problemas.
Bagnato subrayó que, a pesar de las denuncias, muchas de ellas fueron archivadas debido a la falta de pruebas suficientes para avanzar en el juicio. La fiscalía considera que la resolución de estos conflictos requiere más un enfoque administrativo que penal.
O.P