La edil sostiene que existen nuevos elementos probatorios que justifican que la causa vuelva a investigarse en profundidad, luego de haber sido archivada de manera irregular.
"Fue una estafa moral"
El planteo de la concejal surge en representación de vecinos que perdieron sus hogares y sus bienes en una de las tragedias más graves de la historia reciente del noroeste chubutense. En su presentación, la concejal denuncia que los recursos públicos destinados a la reconstrucción habrían sido desviados, mal utilizados o directamente robados, beneficiando a funcionarios municipales y allegados al exintendente Augusto Sánchez.
“Los vecinos de Lago Puelo merecen saber qué se hizo con cada peso que llegó para reconstruir sus vidas. Lo que pasó fue una estafa moral y material en el momento de mayor dolor de nuestra comunidad”, expresó Castro.
El escándalo por presuntos desmanejos con fondos públicos fue tal, que obligó a Sánchez a renunciar a la intendencia de Lago Puelo a fines de noviembre, a tan solo unos pocos días de que dejara formalmente el cargo.
El documento presentado detalla contrataciones directas irregulares por más de 13 millones de pesos, realizadas en violación a la Carta Orgánica Municipal, y sin la debida aprobación del Concejo Deliberante. Además, se aporta nueva documentación que muestra facturas adulteradas, entregas incompletas de módulos habitacionales y pagos a familiares de funcionarios, configurando un posible entramado de malversación, falsificación de documentos y negociaciones incompatibles con la función pública.
Castro subraya que la resolución de archivo del Ministerio Público Fiscal omitió analizar pruebas clave y testimonios de damnificados, y que se intentó desviar la causa hacia el Tribunal de Cuentas, un órgano que —según la propia resolución— ni siquiera estaba formalmente constituido en Lago Puelo.
“En plena emergencia se robaron la esperanza de los vecinos. No se trata de un error administrativo, se trata de corrupción en su estado más crudo. No puede quedar impune”, enfatizó la edil.
La edil remarcó que este pedido no tiene motivaciones partidarias, sino una profunda convicción de justicia y transparencia. “Esto no es una interna política, es un acto de responsabilidad. Lago Puelo necesita verdad, justicia y memoria”, afirmó.
Castro concluyó señalando que reabrir la causa es una obligación moral e institucional, y un paso indispensable para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones que deben protegerlos, no defraudarlos.