Según una investigación exclusiva publicada por el diario La Nación, la trama expone un sofisticado andamiaje financiero que se originó a partir de una cuenta bancaria abierta en el estado de Delaware, Estados Unidos. Esta cuenta, destinada inicialmente a gestionar los ingresos de la Selección Nacional por premios y patrocinios, se encuentra bajo la responsabilidad administrativa de la cúpula de la entidad, encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero y figura central en el manejo de las finanzas de la institución. No obstante, el seguimiento de la ruta del dinero efectuado por las autoridades permitió detectar que una parte sustancial de esos activos nunca ingresó formalmente al patrimonio de la asociación en el país. En su lugar, los fondos habrían sido derivados hacia cuentas en jurisdicciones de baja tributación a través de gestiones vinculadas a asesores de confianza de la dirigencia.
Este esquema de triangulación, que ya se encuentra bajo la lupa del Juez Diego Amarante, a cargo del Juzgado Penal Económico N° 5, se sustenta en la presunta utilización de sociedades intermediarias que habrían facilitado el desvío de las divisas antes de que estas fueran declaradas ante el Banco Central. La gravedad del caso se acentúa con la reciente intervención de la ARCA (ex AFIP) y la DGI, bajo la supervisión de sus autoridades actuales, quienes detectaron inconsistencias millonarias relacionadas con la falta de liquidación de impuestos. La investigación también pone el foco en los nexos de Guillermo Tofoni, con quien la AFA mantiene una disputa legal previa, y otros agentes comerciales internacionales que habrían participado en la intermediación de los contratos bajo sospecha.
La situación coloca a Tapia y Toviggino en una posición sumamente delicada, dado que la maniobra no solo implicaría una administración fraudulenta, sino también una posible violación a las leyes de lavado de activos. Mientras la Inspección General de Justicia, dirigida por Daniel Roque Vítolo, avanza con las intimaciones para transparentar los balances y las actas de directorio que autorizaron estos giros, el escándalo trasciende lo administrativo. La justicia busca determinar si estas estructuras en el exterior fueron utilizadas para beneficio personal de los directivos o para el financiamiento de actividades ajenas al objeto social de la AFA, poniendo en jaque la credibilidad de la gestión financiera en el ámbito del fútbol profesional.
E.B.W: